Una víctima de la DANA revela que la interrogó el marido de la juez y no la magistrada

Una víctima de la DANA ha confirmado que a ella no le tomó declaración la juez instructora, Nuria Ruiz Tobarra. Como la magistrada estaba «hasta arriba de trabajo», tal y como le dijo, L. fue interrogada por Jorge Martínez Ribera, esposo de la juez. El testimonio corrobora las denuncias sobre la anómala presencia de este magistrado en el proceso judicial, mientras aumentan las presiones para recusar a la juez instructora.

En conversación telefónica con OKDIARIO, la víctima ha explicado que acudió al juzgado tras ser citada y fue atendida por el marido de la juez. «Nos atendió él realmente», ha confirmado, añadiendo que «ella tenía mucho trabajo porque nos habían citado y cada 15 minutos teníamos a una».

La víctima, que perdió a un familiar en la DANA, ha precisado que «había cuatro personas esperando» cuando llegó al juzgado. Durante el interrogatorio, ha asegurado que todo «quedó registrado correctamente» y que tienen «una copia de todo lo que hemos hablado».

El testimonio confirma las informaciones publicadas por este periódico sobre la presencia presuntamente irregular de Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en las diligencias que dirige su esposa.

Según fuentes consultadas, el magistrado «ha estado en sala tomando declaración junto con ella, sentado a su lado, incluso dando alguna indicación de cómo traducir o de cómo poner las cosas que posteriormente figurarían». Tras la apertura de diligencias del CGPJ contra Ruiz Tobarra, desveladas por OKDIARIO, al menos tres abogados de la acusación han manifestado su voluntad de dirigirse al órgano de gobierno de los jueces para aportar más testimonios similares.

Por otro lado, fotografías desveladas por OKDIARIO mostraban al marido de la juez presente en la sala de vistas tras la declaración de un testigo del Centro de Mando de Emergencias. En las imágenes aparece conversando con la secretaria judicial mientras los funcionarios transcribían las declaraciones.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha transformado su denuncia inicial en una querella por prevaricación judicial y coacciones contra Nuria Ruiz Tobarra. La organización ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración tanto a la juez como a su marido.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, ha manifestado recientemente que el proceso está «contaminado y politizado». Ha cuestionado: «¿Cómo es posible que la juez tenga de coadyuvante a su marido?».

Por su parte, la defensa de Salomé Pradas, la consellera imputada en el caso, ha pedido que se nombre un juez sustituto mientras se investigan los hechos denunciados. Considera que existe una «intromisión indebida» que podría viciar todo el procedimiento.

Antecedentes del caso

Nuria Ruiz Tobarra fue designada en noviembre para instruir el caso de la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre, causando 227 víctimas mortales. La magistrada, liberada para dedicarse en exclusiva al procedimiento, centra su investigación en los responsables autonómicos. Una vez tras otra exculpa a otras administraciones como la estatal.

Jorge Martínez Ribera, por su parte, ejerció anteriormente en el mismo juzgado que ahora dirige su esposa. En 2003 fue promovido a magistrado desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, según consta en el BOE.

El magistrado ha participado en actividades públicas con cargos del PSOE, como una charla organizada en 2022 por José Cabanes, alcalde socialista de Sedaví y presidente de la Mancomunidad de la Horta Sud.

Las partes implicadas han expresado su malestar por lo que consideran un sesgo en la instrucción. La juez ha mantenido fuera del perímetro de responsabilidades al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la región.

Fuentes jurídicas señalan que esta presunta injerencia sería «abiertamente contraria a Derecho» y podría constituir «causa de nulidad» del procedimiento. La situación ha generado una intensa rumorología en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El caso se encuentra en fase de instrucción, por lo que todas las diligencias se practican a puerta cerrada. La presencia de personas ajenas al procedimiento estaría prohibida, según establece la legislación procesal.

Algunas partes estudian medidas que van desde la recusación hasta recursos para «desactivar parte de la instrucción». La controversia amenaza con empañar uno de los procedimientos judiciales más mediáticos de los últimos años en la Comunidad Valenciana.

La víctima consultada por este periódico ha manifestado, en todo caso, que no considera que el magistrado «hizo nada mal», aunque reconoce el carácter inusitado de la situación. Sin embargo, la concatenación de irregularidades ha generado un escándalo que podría tener consecuencias irreversibles para la investigación de la tragedia de la DANA.