El TSJ anula la obligatoriedad de los proyectos interdisciplinarios en la educación valenciana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la obligatoriedad de las agrupaciones de materias por ramas de conocimientos, los denominados ámbitos, en primero de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de los proyectos interdisciplinarios en primero, segundo y tercero de la ESO, según ha comunicado el Sindicato Independiente del ámbito de la Enseñanza Pública Anpe. La sentencia no es firme y cabe contra ella recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que previsiblemente no se presentará ante el inmediato de cambio de gobierno.

De facto, la sentencia puede suponer, también, la reducción de dos horas en el horario lectivo, que fueron las que se incrementaron con la obligatoriedad de los citados proyectos interdisciplinarios.

La sentencia supone un nuevo revés para las políticas educativas emanadas del denominado gobierno del Botánico, el ejecutivo de izquierdas que ha gobernado la Comunidad Valenciana durante los últimos ocho años bajo la presidencia del socialista Ximo Puig.

El Alto Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto en su día por Anpe y declara nulos varios artículos del decreto del Gobierno valenciano de ordenación y currículum de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). La sentencia anula tres de los artículos del citado decreto, si bien uno de ellos sólo en relación a los tres primeros curso de la ESO.

Por su parte, Anpe, a través de una publicación en su propia página web ha lamentado el «posicionamiento autoritario y nulo talante negociador demostrado» por la Consejería de Educación valenciana «cuando se ha intentado discutir y hacer entrar en razón sobre estos temas», para los que, según afirma «nunca se ha contado ni con la opinión del profesorado ni con el apoyo de estudios empíricos que avalen estas decisiones».

Anpe, además, se ha congratulado de la decisión judicial «que nos da la razón a nosotros y a todos los docentes que se han manifestado en contra de estas imposiciones que van contra la libertad de cátedra y de los criterios pedagógicos de los claustros» e insta finalmente a la Consejería de Educación, cuya titular Raquel Tamarit (Compromís) se encuentra actualmente en funciones, «a la inmediata aplicación de la sentencia» así como a «una negociación, esta vez sí, contando con la opinión del profesorado» para la revisión y reformulación del citado decreto.