Sólo 4 de 54 entidades públicas de la Generalitat de Ximo Puig contrataron personal «cumpliendo la ley»

Sólo cuatro de las 54 entidades del sector público de la Generalitat Valenciana contrataron personal «cumpliendo la ley» en tiempos en que el Gobierno valenciano estaba presidido por el socialista Ximo Puig. Así, lo ha revelado el diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas Fernando Pastor en el arranque de la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en el sector público instrumental de la Generalitat, en las Cortes Valencianas. Lo que, según ha explicado también Fernando Pastor, significa que el 90% de las empresas del sector público instrumental de la Generalitat «contrataron a personal al margen de la ley».

Esa comisión de investigación ha aprobado este jueves el plan de trabajo establecido por los grupos parlamentarios impulsores de la iniciativa, PP y Vox, representados, respectivamente por el alcoyano Fernando Pastor (PP) y la alicantina Teresa Ramírez (Vox).

PSOE y Compromís, que formaron parte del Gobierno valenciano en la etapa investigada, conscientes de la gravedad del tema, han estado representados por dos de sus diputados más relevantes: Toni Gaspar (PSOE) e Isaura Navarro (Compromís). Estas dos últimas formaciones han presentado, a su vez, otras dos propuestas de plan de trabajo, que han resultado desestimadas en las votaciones.

El origen de la citada comisión hay que buscarlo en enero de este 2024. Fue entonces, cuando el actual presidente de la Generalitat el popular Carlos Mazón, desveló que el Ejecutivo anterior, el presidido por el socialista Ximo Puig, gastó 713 millones de euros en 253.122 contratos a dedo. Y desveló también que sólo en 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones que no contaban con la autorización de la Dirección General de Presupuestos.

Aquellas revelaciones dieron paso a una batería de medidas por parte del nuevo Gobierno valenciano. Un de ellas, la presentación, por parte de PP y Vox de una petición de comisión de investigación en las Cortes Valencianas por esas supuestas irregularidades. Esa comisión es la que ha arrancado este jueves, con la aprobación del plan de trabajo previsto por ambos partidos.

Ese plan incluye más de 40 comparecencias. Entre ellas, las de dos consejeros de los Ejecutivos de Ximo Puig: Gabriela Bravo y Vicent Marzà. Y la solicitud de una importante cantidad de documentación de diferentes entidades de ese mismo sector público instrumental.

Contrataciones y compensaciones «al margen de la ley»

La comisión de investigación ha tenido dos hitos importantes. Uno, las revelaciones efectuadas por el diputado Fernando Pastor, quien ha explicado que la comisión de investigación nace porque la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalitat «dicen por escrito y lo firman» que durante el periodo 2015-2023, los años en que gobernaron los Ejecutivos presididos por Ximo Puig «hubo procedimientos de contratación irregular». Y que «hubo duplicidades en el gasto, falta de rigor y descontrol en el manejo del dinero público y contrataciones y compensaciones a trabajadores al margen de la ley».

Pero, además, Fernando Pastor ha desvelado que según la Sindicatura de Cuentas y la Intervención General de la Generalitat «sólo cuatro de 54 entidades del sector público instrumental de Ximo Puig y Mónica Oltra contrataron personal cumpliendo la ley». Por tanto, que el 90% de las empresas del sector público instrumental de la Generalitat «contrataron a personal al margen de la ley». Ese, según ha sostenido Pastor, es el motivo de la creación de la citada comisión de investigación.

Un sector que ha costado «más de 25.000 millones»

En cuanto a Teresa Ramírez, representante de Vox en la mencionada comisión de investigación, antes del arranque de la misma ha desvelado, también que el sector público instrumental «nos ha costado 25.000 millones de euros» y que, el único objetivo es «dar respuesta a los ciudadanos» sobre el destino de ese enorme gasto.

«No queremos que esta comisión sea un desfile de altos cargos», ha manifestado Teresa Ramírez: «Por eso, sólo hemos convocado a las personas responsables de aquellas unidades en las que hay indicios de posibles irregularidades».