La Sanidad de Puig condenada ahora por la falta de elementos de protección a otros 60 sanitarios

Víctor Pedrera, presidente de CESM-CV.
Víctor Pedrera, presidente de CESM-CV.

Los problemas para la Sanidad Publica del Gobierno valenciano que dirige Ximo Puig se incrementan con el paso de los horas. Una nueva sentencia, en esta ocasión del Juzgado de lo Social Número 1 de Benidorm, condena la Consejería de Sanidad que dirige Ana Barceló a indemnizar a 60 médicos más del sistema público valenciano por la falta de elementos de protección en la primera ola de la pandemia. Con esta decisión judicial, el número de médicos que tendrán que ser indemnizados se eleva a 213, sumando los 153 de la primera sentencia, si bien, en esta ocasión, las cantidades económicas son menores a las de la sentencia emanada de un juzgado de Alicante hace unos días, por lo que el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV, que preside Víctor Pedrera, medita recurrir.

En la sentencia, el juzgado declara que la Consejería de Sanidad tiene la obligación, en aplicación de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, frente a sus trabajadores, de adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales, «habiendo infringido dicha obligación desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de Covid-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma».

Declara, además, que el incumplimiento de las medidas de prevención individual han significado «un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición al riesgo de contagio que ha significado. Y declara, finalmente, que los facultativos sanitarios que enumera en otra parte de dicha sentencia «tienen el derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales por la Consejería de Sanidad».

En la sentencia, el juzgado condena a la citada Consejería de Sanidad a la adopción «inexcusable» de las medidas de protección previa evaluación de los riesgos y puestos de trabajo por los servicios de prevención. Condena, también, a dotar a los profesionales de los medios de transporte y protección individual en la atención domiciliaria, ya sea en jornada ordinaria o en atención continuada y a dotar al personal de los equipos de protección, compuestos al menos, según detalla por soluciones hidroalcohólicas, batas impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección, calzas específicas, guantes y contenedores grandes de residuos.

Finalmente, condena también la Consejería de Sanidad valenciana a abonar a cada uno de los trabajadores denunciantes a unas cuantías que establece en 4 grupos y, que en este caso, van de los 2.000 a los 6.000 euros. Son, precisamente, las cantidades a indemnizar las que han motivado al equipo jurídico de CESM-CV a estudiar un posible recurso para que se ajusten a lo reclamado en la demanda y conforme acordó en la anterior sentencia el Juzgado de Lo Social Número 5 de Alicante.

CESM-CV ha manifestado su satisfacción ante esta segunda sentencia en cuanto al reconocimiento de que la Consejería de Sanidad valenciana había incumplido sus obligaciones de proporcionar elementos de protección a sus trabajadores, del grave riesgo que ha supuesto esa actitud «negligente para la salud, integridad y seguridad» de los mismos y la condena de la Administración sanitaria a adoptar las medidas de evaluación y riesgo de los puestos de trabajo, así como la adopción de medidas de protección y la indemnización a los trabajadores por el daño y perjuicio causado, según ha manifestado este sindicato en un comunicado.

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