El PSOE de Ximo Puig evita reclamar a Sánchez el fin de los recortes del Tajo-Segura que ya suma 26

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, que preside Ximo Puig, ha evitado con su abstención apoyar que se solicite al presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, que su Ejecutivo no apruebe más recortes que reduzcan el caudal del trasvase Tajo-Segura, después de hacerlo en 26 ocasiones en los últimos cinco años y, también, declarar a esa infraestructura como «esencial» para el desarrollo «económico, social y ambiental de la provincia de Alicante y, por tanto, irrenunciable para la Comunidad Valenciana».

Ambas iniciativas forman parte de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular ante la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes Valencianas.

La coalición nacionalista Compromís, que forma parte a su vez de la coalición Sumar que lidera la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez Yolanda Díaz, tampoco ha apoyado estas iniciativas, en su caso votando en contra. Finalmente, la PNL ha salido adelante con los votos favorables de los populares y de Vox.

Se trata de la segunda votación en el corto espacio de cinco días en que los socialistas se abstienen a la hora de reclamar al Gobierno de Sánchez cuestiones fundamentales para infraestructuras esenciales para la Comunidad Valenciana. 

Este jueves, el  Grupo Socialista también se abstuvo, en aquel caso en el Pleno de la Cámara, en la votación de una PNL sobre el futuro del puerto de Valencia con dos puntos clave: uno, el apoyo expreso de la Cámara a la ampliación de ese puerto «como un elemento estratégico para la economía y la competitividad» de la ciudad de Valencia, la Comunidad Valenciana y de España. Y otro, en el que se reclamaba al Gobierno valenciano que instara al de Sánchez que «de forma urgente» el Consejo de Ministros procediera a autorizar la licitación de esas obras de ampliación.

En esta ocasión, los socialistas también se han abstenido en torno a una iniciativa que, además de los puntos mencionados antes, reclamaba también la modificación del Real Decreto 35/2023 de 24 de enero, en lo que respecta al plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo. Una regulación que según el PP «supone una reducción drástica del cauce que recibe el trasvase Tajo-Segura».

María Gómez, portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular, que conoce perfectamente la situación del trasvase como alcaldesa que es del municipio de Almoradí, en el corazón de la Vega Baja del Segura, ha explicado que en los últimos cinco años el Tajo-Segura ha sufrido hasta 26 recortes por el Gobierno de Pedro Sánchez «en contra de las recomendaciones de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y de las propuestas de los propios técnicos».

También, ha recordado que la aprobación de esos recortes supone «la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable, más de 15.000 puestos de trabajo y unas pérdidas de valor patrimonial estimadas de cerca de 6.000 millones de euros». Y ha criticado tanto al PSPV, la marca valenciana del PSOE, como a Compromís porque al no apoyar en las Cortes Valencianas el trasvase Tajo-Segura «ponen en peligro la agricultura alicantina».