PP y Vox no descartan llamar a Ximo Puig a la comisión que investiga miles de contratos de su Gobierno

Partido Popular y Vox, los dos partidos que han impulsado la comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre supuestas irregularidades en las empresas del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana bajo los gobiernos del socialista Ximo Puig, no descartan llamar a comparecer a este último en el transcurso de los 18 meses de duración prevista de la citada comisión. Esa comparecencia, en todo caso, no se producirá antes de que concluyan las 40 que los impulsores de esta comisión de investigación han elaborado y forman parte del plan de trabajo que han presentado para su aprobación.

Precisamente, porque según las fuentes consultadas, esta comparecencia de Ximo Puig está pendiente de la evolución y los datos que arrojen las 40 comparecencias ya acordadas por los impulsores de la citada comisión sobre el material que ya manejan.

Pero, en todo caso, se fundamenta en que una comisión de investigación sobre la gestión de las empresas instrumentales bajo el Gobierno de Ximo Puig necesitará, en su proceso, de las propias impresiones y aclaraciones de quién dirigía las decisiones del Ejecutivo y era, en último término, el máximo responsable de ese gobierno autonómico.

Ximo Puig ha dejado ya todos sus cargos de responsabilidad tanto institucional como orgánica en la Comunidad Valenciana. Y actualmente es el embajador de España ante la OCDE por designación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Primeros comparecientes

La puesta en marcha de esta comisión está lista y pendiente sólo ahora de que se apruebe el calendario de trabajo que sus impulsores han planteado. La comisión de investigación tiene previsto arrancar con las comparecencias del vice interventor de la Generalitat Valenciana y del síndic mayor de cuentas. Dos organismos que han sido esenciales a la hora de alertar de la situación que se vivía en esas empresas del sector público instrumental.

La mencionada comisión de investigación se ha puesto en marcha después de que el actual presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, desvelase que el Ejecutivo de su antecesor, el citado Ximo Puig, gastó 713 millones de euros en 253.122 contratos en cuatro años.

Y bajo la lupa de la misma están toda una batería de contratos que emanan no sólo directamente de las consejerías, sino también de los organismos que dependen de cada una de ellas. Este es el caso del alquiler del inmueble del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), que ya cuesta a las arcas públicas valencianas 16.940 euros al mes hasta 2050 y cuya reforma ha supuesto un gasto de otros 2,5 millones de euros, como ha publicado OKDIARIO.

Pero, también, están bajo esa lupa miles de contrataciones de personal que se realizaron sin la autorización de la Dirección General de Presupuestos, como en su día, en enero de este 2024, denunció el propio Carlos Mazón. 

En la actualidad, como se ha dicho, el ex presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha renunciado a todos sus cargos en la Comunidad Valenciana y desempeña la labor de embajador de España ante la OCDE. No obstante, en la pasada campaña de las elecciones europeas, siendo ya embajador de la OCDE, Ximo Puig ha participado en actos socialistas relacionados con esa campaña europea.

Una lista inicial con 40 comparecientes

Inicialmente, la comisión de investigación de PP y Vox no ha incluido entre una relación de más de 40 comparecientes el nombre de Ximo Puig. En la lista, sin embargo, sí aparecen dos nombres clave. Uno, el del ex consejo de Educación Vicent Marzà. Y otro, el de la ex consejera de Justicia Gabriela Bravo.

Vicent Marzà dejó el Gobierno valenciano el 11 de mayo de 2022. Ha continuado de diputado autonómico esta legislatura. Y en las últimas elecciones al Parlamento Europeo ha obtenido acta de europarlamentario en representación de Compromís, pero dentro de la lista presentada por Sumar.

En cuanto a Gabriela Bravo, es la única del círculo político más próximo al ex presidente Ximo Puig que sigue en un puesto de responsabilidad en la Comunidad Valenciana tras las salidas del propio Puig, de Rebeca Torró y Arcadi España. Estos dos últimos, en la actualidad, son secretarios de Estado en el Gobierno de Pedro Sánchez. Gabriela Bravo forma parte de la Mesa de las Cortes Valencianas.