El nombramiento de LIinares como director de la Agencia Antifraude, salpicado por su relación con Podemos
Joan Llinares creó la Oficina para la Trasparencia de Barcelona para luego ser director de la Agencia Valenciana Antifraude
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Colau crea un tribunal a su medida para vigilar el cumplimiento de su código ético
El nombramiento de Joan Llinares como director de la Agencia Valenciana de Antifraude (AVA) siempre ha estado sobrevolado por la sospecha. Presentado a la opinión publica como un garante de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, su designación siempre ha despertado serias dudas legales e incluso de ética profesional por su afinidad política con Podemos, sino también legales dadas las numerosas irregularidades que se cometieron en el momento de su designación.
Desde un primer momento, cuando Llinares fue nombrado en 2017 para ocupar el cargo de director de la OVA, con el beneplácito de los integrantes del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos), además de Ciudadanos, ya estaba contraviniendo la propia ley que las Cortes Valencianas habían aprobado para regular la Agencia Antifraude, que había sido promovida por Podemos.
Llinares cuando fue designado para ese cargo seguía ejerciendo como gerente de Coordinación y de Recursos como máximo responsable de la nueva Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas creada por la alcaldesa Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, una incompatibilidad que contravenía la ley autonómica. Además, esta misma norma exigía que el director de la Agencia estuviera empadronado en la Comunidad Valenciana, mientras que Llinares residía en Barcelona.
Sin embargo, lo más llamativo es que el director de la Agencia Antifraude difícilmente podía cumplir con los requisitos de objetividad e independencia que se le exigían para ocupar dicho puesto, dado que como responsable de la oficina municipal de transparencia en el consistorio barcelonés capitaneado por Ada Colau nunca amagó su admiración por ella.
Así, con motivo de su designación como director de la OVA, borró todos sus perfiles en redes sociales, no fuera que alguna de sus manifestaciones en público le valiesen el puesto que iba a ocupar en Valencia. Lo cierto es que la hemeroteca no falla y se ve claramente cómo Llinares llegó a publicar en su Facebook contenidos que mostraba su afinidad podemita, como seguidor acérrimo de Colau. Incluso en sus posts llegó a cuestionar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con un «la policía al servicio de la mafia» o la imparcialidad del poder judicial, entre otras cuestiones.
Orígenes controvertidos
Al polémico nombramiento de Llinares como directivo del OVA, se suma su paso, no exento tampoco de controversia, como responsable de desarrollar la política de transparencia municipal, así como de coordinar la asesoría jurídica consistorial como responsable de los Servicios Jurídicos y Transparencia del Ayuntamiento. Ya en el cargo, tan sólo 2 meses después de la subida al poder de Barcelona en Comú, Llinares trabajó para sentar las bases de esta nueva oficina y del que sería el código ético municipal. No obstante, la oficina creada por Llinares partía con un sesgo muy marcado, ya que su consejo asesor estaba formado por personajes como el ex diputado de la CUP David Fernández, la activista de derechos digitales de XNet Simona Levi, o el miembro de la plataforma anticapitalista Auditoría Ciudadana por la Deuda, Enric Pons, unas personas que fueron presentadas como un grupo de expertos independientes cuando en realidad son conocidos por sus posicionamientos políticos de izquierda radical.
A ella hay que recordar que, en noviembre de 2015, el Ayuntamiento de Barcelona anunció la creación de un cuerpo de 56 funcionarios municipales que integrarían la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas dirigida por Llinares. Sin embargo, nunca llegaron a trascender públicamente los criterios a través de los cuales se escogerían a ese nutrido grupo de funcionarios, un extremo que iría en contra de la transparencia que se promulgaba desde el Ayuntamiento.
Vínculos con Colau
En cualquier caso, cuando Colau nombró a Llinares en julio de 2015 para hacerse cargo de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas municipal, éste contó con la colaboración a principios de 2016 de la que fuera su mano derecha en el consistorio, Silvia Vèrnia para desplegar la oficina. Vèrnia empezó su andadura como directora de análisis de la oficina municipal de Transparencia. Se trata de una funcionaria municipal que también ha mantenido estrechas relaciones con Colau. Antes de que la alcaldesa llegase a la Alcaldía, Vèrnia ya había tejido lazos con Colau y su pareja, Adrià Alemany, colaborando en 2013 con el Observatorio DESC en la publicación de un informe sobre Emergencia Habitacional del Estado Español. Además, buceando por sus redes sociales se extrae que está interesada en temas ideológicamente afines a Colau como la fiscalidad del agua y el debate de los modelos de gestión del servicio de agua municipal.
Cuando Llinares abandonó su puesto en el Ayuntamiento de Barcelona para ir a Valencia como director de la Agencia Antifraude en junio de 2017, Colau designó inmediatamente a Vèrnia como responsable de la Oficina para la Transparencia del consistorio. Lo cierto es que, sólo un año después de convertirse en la directora de esta oficina, la abandonó para unirse a Llinares como directora de Prevención, Formación y Documentación de la Agencia Valenciana Antifraude; cargo que también dejó en mayo de 2018 para incorporarse a la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana. Desde su marcha, Colau no ha nombrado un nuevo director en la Oficina Municipal de Transparencia y Buenas Prácticas.