Colau trufa de afines con sueldazo en la Agencia Valenciana Antifraude

A escasos meses para las elecciones municipales, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, prepara su campaña buscando alianzas para apoyar su figura de cara a la repetición en el consistorio o una posible salida de éste de la mano de Yolanda Díaz, si los resultados como indican las encuestas internas, dificultan su continuidad al frente del Ayuntamiento de Barcelona.

Fracasada la operación Mónica Oltra, con la que la alcaldesa pretendía hacer pinza junto a ésta y a la vicepresidenta del Gobierno, Colau ha decidido promocionar a sus afines en Valencia. La salida de Oltra de la política por su imputación en el caso de los abusos sexuales de su ex marido a una menor supuso un varapalo para las aspiraciones nacionales de Colau.

La ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y la alcaldesa de Barcelona eran los pilares en los que Yolanda Díaz se basó al principio para la formación de lo que luego fue su plataforma. Trastocada la hoja de ruta, Colau busca apoyos a sus aspiraciones entre los restos de Compromís en Valencia. Es en esta Comunidad donde tiene colocados a sus afines, entre otros organismos, en la Agencia Antifraude, que no sólo comparte la tecnología que le cede el Ayuntamiento de Barcelona, si no «conocimiento y experiencias» en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Ambas administraciones mantienen su colaboración para combatir la corrupción mientras aumentan las causas judiciales contra concejales afines a Colau, como es el caso, entre otros, de su mano derecha, Eloi Badía, investigado un por delito contra el medio ambiente por emisiones contaminantes desde la planta incineradora Tersa; la ex concejala Inma Mayol, que podría enfrentarse a tres años de prisión también por un delito medioambiental y mientras Mónica Oltra declara ante el juez.

No obstante, el convenio entre ambas administraciones pretende continuar en la senda de la prevención y detección de la corrupción, así como en el fomento de la integridad y transparencia. Pese a los fines que defiende, no se conoce pronunciamiento público de la Agencia Antifraude en el caso por el que Oltra fue apartada de la política. Tampoco fiscalización de los casos que afectan a los concejales de Colau, pese a que el Ayuntamiento de Barcelona es el principal socio de la Agencia Antifraude. Y es que, además, de poner a disposición de la valenciana su tecnología, el director del organismo, Joan Llinares, fue propuesto por Colau para desarrollar la política de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, con un sueldo de cien mil euros anuales.

Como gerente de Recursos del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, Llinares fue el encargado de la creación, puesta en funcionamiento y dirección de la Oficina Municipal de Transparencia y Buenas Prácticas, convirtiéndose así en la mano derecha de Jaume Asens, entonces tercer teniente de alcalde del consistorio de Colau y actual presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso. Llinares, con rango de director general, consolida ahora en la Agencia Antifraude de Valencia un sueldo de más de 60.000 euros y hasta el mes de junio ha contado entre sus colaboradores con otra afín de Colau: Silvia Vérnia, directora del Área de Prevención y Formación del organismo hasta su designación como jefa del Servicio de Infraestructuras y Calidad de la consejería que dirigía Mónica Oltra.

Vernia, que coincidió con Colau cuando ambas colaboraban en el Observatorio DESC, pasó a dirigir la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona antes de su llegada a la Oficina Antifraude de Valencia y cuenta además, con otros familiares que trabajan en el entorno del Ayuntamiento de Barcelona.

La Agencia Valenciana Antifraude y la Oficina de Barcelona han tejido sinergias para el desarrollo de acciones antifraude como la conexión de sus buzones éticos a favor de la transparencia, lo que no ha evitado la contratación directa por parte del consistorio de la Ciudad Condal de afines a Colau y de la convocatoria de puestos públicos a los que llegaron a presentarse concejales y familiares de éstos.