Oltra admite que es «de sentido común» denunciar los abusos de su marido pero su Consejería no lo hizo

Mónica Oltra, ex vicepresidenta y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valencia, declaraba este lunes ante el juez de Instrucción número 15 de Valencia, acusada de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito para incurrir en varias contradicciones y algunas rectificaciones. Uno de los momentos más llamativos de su declaración, que llevó al juez a preguntar en varias ocasiones sobre el mismo asunto, fue cuando aseguró que se enteró «ocho años después» de la obligación de denunciar en un juzgado los abusos de menores, en concreto en 2021, aunque una instrucción de 2013 dice que por protocolo hay que hacerlo e incluso la misma Mónica Oltra reconoció a preguntas del juez que «el sentido común» dice que hay que denunciar los abusos. Pero en este caso, nadie de su Consejería lo hizo, sino que fue la Policía Nacional actuando de oficio ante la manifestación de una niña la que acudió a la Fiscalía de Menores.

La pregunta fue clara: «¿Cuándo tuvo conocimiento de la Instrucción 9/2013 de 30 de mayo de 2013 emitida por la Dirección General del Menor de la Consejería de Bienestar Social dando instrucciones relativas a la comunicación de hechos e incidentes relevantes en centros residenciales y servicios de protección y reeducación de menores de la Comunidad valenciana?» Mónica Oltra no titubeó al responder que «cuando tuvo que dar cuenta en el Parlamento como vicepresidenta y consejera en las sesiones de control de Gobierno, pero estamos hablando ya de noviembre de 2021».

Mónica Oltra fue consejera de Igualdad desde el 30 de junio de 2015 hasta el 21 de junio de 2022, es decir siete años. Quizás tiempo de sobra para conocer los protocolos de actuación en caso de los centros tutelados en caso de recibir una denuncia de abusos sexuales por parte de una menor. Además, Oltra dijo que «por supuesto» que desconocía las instrucciones y protocolos antes de tomar posesión de su cargo e incluso, para reafirmarse todavía más explicó al juez que «hay centenares de instrucciones y protocolos incluso algunos dictados mientras yo dirigía la Consejería que desconozco».

A preguntas del juez Vicente Ríos, la ex consejera también dijo que «nunca di orden para que tal instrucción 9/13 fuera ignorada». Es decir, que la Consejería tenía obligación de acudir a las autoridades judiciales para denunciar los hechos y facilitar cualquier actuación de Fiscalía de menores o del Juzgado para averiguar los hechos. Es más, cuando el juez lee el artículo 17 de la citada orden que reza: «La colaboración con el ministerio fiscal, como órgano al que le corresponde la superior vigilancia de la tutela, seguimiento o guarda de menores y con los órganos judiciales se realizará por los centros de acogimiento residencial a través de la Dirección Territorial de la que dependan (en este caso la de Valencia) y que en casos puntuales y concretos que no admitan demora el centro podrá contactar directamente con la Fiscalía de Menores y con los órganos judiciales», Mónica Oltra manifiesta que «no lo recuerda, pero es de sentido común».

Un sentido que no primó cuando la menor refirió los abusos en febrero de 2017 y nadie de la Consejería acudió a la Justicia, ni a la Fiscalía de menores, y tuvo que ser una pareja de Policía Nacional quien acudiese a la citada fiscalía en junio de 2017 en amparo de la menor abusada por el marido de Mónica Oltra.