TAJO-SEGURA

Mazón pedirá en el Supremo la suspensión del plan de Sánchez que seca la huerta de Europa

Tajo Segura
Mazón y López Miras en un camión en una concentración de los regantes en Alicante.
Ignacio Martínez

La Diputación de Alicante que preside el popular Carlos Mazón pedirá al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del Plan del Tajo aprobado por el Consejo de Ministros que preside el socialista Pedro Sánchez y que de facto supone un reducción de las transferencias del trasvase al Segura que amenazan con secar y convertir en un desierto la que se conoce como huerta de Europa. La citada petición forma parte del recurso contencioso-administrativo que la institución provincial ultima para elevar al Alto Tribunal.

Esta iniciativa es sólo una de las anunciadas esta misma mañana por Mazón ante la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua. Además, la Diputación de Alicante se adherirá al grupo de trabajo de la Región de Murcia para unir fuerza en la defensa del trasvase ante el «hachazo injustificado» del Ejecutivo de Sánchez a la citada infraestructura. Lo que significa que la provincia de Alicante y la Región de Murcia, que preside el popular López Miras llevarán a cabo una estrategia conjunta en defensa de la supervivencia de la agricultura y el empleo de los territorios de la huerta del Segura.

Todas estas medidas adoptadas por la Diputación de Alicante contrastan con la inacción del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig. El Ejecutivo de Puig justificó el pasado su demora en la presentación del recurso contra lo que de hecho es una nuevo recorte del Tajo-Segura por el Gobierno de Sánchez aduciendo que la orden aún no había sido publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que necesitaba leerla antes de adoptar otras medidas de índole jurídica.

El origen del problema estriba en que el Ejecutivo de Sánchez aprobó en Consejo de Ministros el Plan del Tajo, que incluye un incremento del caudal ecológico de ese río en cabecera y, por consiguiente, una reducción de los caudales trasvasados al Segura, que los agricultores estiman en unos 105 hectómetros cúbicos anuales. La medida amenaza más de 6.000 empleos relacionados con el trasvase en Alicante y en torno a los 9.500 en la Región de Murcia.

Hoy, Mazón ha dicho que «toca reaccionar» y ha defendido «sumar fuerzas» con la Región de Murcia frente a la nueva planificación hidrológica. Por ello, la Comisión Provincial del Agua ha aceptado la propuesta de Fernando López Miras: «Es el momento de aunar esfuerzos», ha explicado Mazón.

A partir de ahora, la Diputación de Alicante y el Gobierno de Murcia van a preparar juntos los informes técnicos y jurídicos que ambas administraciones utilizarán para el recurso Contencioso Administrativo ante el Supremo y que se aportarán al Alto Tribunal tanto en la fase de pruebas como en la solicitud de medidas cautelares para paralizar la puesta en marcha de «este agravio injustificado».

A la reunión de hoy de la Comisión Provincial del Agua han asistido además la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico Ana Serna y el director del Instituto Euromediterráneo Francisco Cabezas. Este último, ha trasladado el ofrecimiento de la Región de Murcia para sumarse al citado grupo de trabajo, que en las próximas horas o días puede contar con un miembro más: la provincia de Almería.

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