Mazón finiquita el único impuesto bajo su control mientras la reforma fiscal de Puig sigue estancada

El presidente de la Diputación de Alicante y máximo responsable del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha eliminado definitivamente el tramo provincial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con el aval del Pleno de la institución provincial, sustentado por los votos del propio PP y Ciudadanos, y la oposición de los socialistas y Compromís. Mientras, en Valencia, la reforma fiscal del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig sigue estancada entre la falta de definición  y el proceso de negociación con los nacionalistas y Podemos.

Compromís reclama ahora a Puig un impuesto al lujo, siguiendo el modelo catalán de ERC, CUP y PdeCat en 2017. Todo ello, con el reloj corriendo hacia atrás porque en apenas unas semanas el Gobierno valenciano debe presentar los presupuestos en las Cortes y, presumiblemente, la ley de acompañamiento debe incluir los puntos y aspectos de la reforma para que tengan rango legal en 2023.

No hay muchas dudas acerca de que los socialistas, Compromís y Unidas Podemos llegarán a un acuerdo sobre los presupuestos y la reforma fiscal. Sobre todo, porque de no producirse abocaría a la autonomía a una prórroga presupuestaria a pocos meses de las elecciones. Por su parte, el PP ya ha designado comités electorales regional y provinciales. Está a punto de hacer lo propio con los locales. Por tanto, la elección de candidatos es inminente. Mazón ya advirtió que ellos están «preparados».

Reformas fiscales

En ese escenario, el caballo principal de batalla son las reformas fiscales y mientras el PP tiene la suya definida y concreta, la del Gobierno valenciano sólo se sostiene hasta la fecha en una declaración de intenciones aprobada en las propuestas de resolución del debate de política general hace unos días. Allí, Puig anunció 3 medidas de bajadas de impuestos, pero esas medidas no forman parte del textual la resolución aprobada.

En el campo de los hechos, Mazón ha ha eliminado el tramo provincial de IAE, el único recargo impositivo bajo control de la institución que preside: la Diputación de Alicante. Hasta la fecha, y con las sucesivas reducciones que ha llevado a cabo de ese mismo tramo del IAE, ha generado un ahorro estimado de 9 millones de euros a unas 8.500 empresas implantadas en la provincia de Alicante beneficiarias en el periodo 2021-23.

Respecto a las medidas anunciadas por Puig, los populares tienen serias dudas. Entre ellas, cuál será el literal final de la propuesta o que Compromís y Unidas Podemos acepten el literal de la misma, que ya parece claro que habrá modificaciones.

Además, en qué cuantía afectará en los beneficios a las familias -el PP sostiene que la propuesta de Puig sólo genera una rebaja de un euro al mes para las familias numerosas-,  si finalmente la iniciativa de Puig se mantendrá en el límite de la franja de las rentas de 60.000 euros o se reducirá a 50.000 como plantean sus socios, si como dijo Puig las rentas por encima de ese volumen seguirán como están o si se le incrementarán los impuestos, cuál será la tarifa y si tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de este año o arrancará con las cuentas de 2023 al estar sujeta a la ley de acompañamiento de los presupuestos.

Mientras tanto, la negociación de los presupuestos y, en consecuencia, de la reforma fiscal continúa dentro del Gobierno valenciano. Para Puig, un arma de doble filo. Si sus propuestas se alejan de los anuncios en las Cortes, tendrá difícil explicar los cambios en aquellos anuncios, independientemente del argumentario general de su gobierno. Mientras, Mazón ya ha eliminado el único impuesto bajo su control y las elecciones están a la vuelta de la esquina.