La Diputación se pone del lado de los alicantinos y rebaja el IAE provincial frente al ‘tarifazo’ de Sánchez

El equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante se ha puesto de nuevo del lado de los ciudadanos y ha reducido por segundo año consecutivo el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) provincial, que ha pasado del 20,5 al 10% (2020) y ahora lo hace del 10% al 5%. El presidente de la institución, Carlos Mazón (PP) ha anunciado además que el próximo año volverá a reducirlo a la mitad (2,5%) con el objetivo de eliminarlo totalmente en 2023.

“El recargo provincial del IAE -ha dicho Mazón- es el único impuesto que gestionamos y lo hemos rebajado por segundo año consecutivo porque es cuando más desahogo fiscal necesitan las empresas, que son las que generan empleo”.

Con la nueva rebaja fiscal impulsada por Mazón, la Diputación de Alicante se sitúa de largo como la que menor recargo provincial realiza del IAE en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Apenas un 5% frente al 29% de la Diputación de Valencia y el 31,5% del de la de Castellón. Ambas, gestionadas por los socialistas.

La rebaja del IAE provincial en Alicante ha salido adelante con los votos del Grupo Popular y Ciudadanos, mientras que los socialistas se han abstenido y Compromís ha votado en contra al considerar que la medida sólo «beneficia a las grandes empresas», argumento que ha rebatido la popular María Gómez, subrayando que no sólo se beneficia a esas 8.500 empresas sino que también la rebaja del IAE provincial supone un beneficio para toda la sociedad y para el consumidor final.

En su alocución, Carlos Mazón también ha hecho mención al ‘tarifazo’ eléctrico y ha subrayado que el incremento de la carga fiscal «con la subida de la luz, el aumento de la cuota de los autónomos o el incremento de la gasolina, todo lo que está sucediendo bajo el gobierno del PSOE, nos obliga a todos, en función de nuestras competencias, a bajar los impuestos y a sacar el tacón fiscal del cuello del contribuyente”.

La medida ha sido posible mediante una modificación de la ordenanza reguladora que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Y según los datos del propio grupo popular, beneficiará a un total de 8.500 empresas.

Finalmente, los grupos políticos han respaldado una propuesta, presentada conjuntamente por PSOE y Compromís y a la que se ha incorporado una enmienda de Partido Popular y Ciudadanos por la que se acuerda ampliar los plazos de justificación de las ayudas de los planes +Cerca y +Deporte con el objetivo de facilitar la tramitación a los ayuntamientos y evitar que ningún municipio pierda la subvención.