Mazón abre otro frente con Sánchez: lleva a la Audiencia Nacional otros cuatro recortes al Tajo-Segura

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón presentará ante la Audiencia Nacional un total de cuatro recursos contencioso administrativos contra los recortes llevados a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez al trasvase Tajo-Segura entre los meses de junio y agosto de este año 2023. La presentación de estos recursos se inscribe en el marco de la estrategia que el Ejecutivo valenciano de PP y Vox está llevando a cabo en defensa del agua y del citado trasvase.

Esa defensa se fundamental en tres frentes. Uno, social, otro institucional y, el tercero, el judicial. Este último, tiene por finalidad acabar con los continuos recortes del agua que va desde Tajo al Segura desde que Sánchez es presidente, y que se elevan ya a 27.

El frente social va «de la mano» de agricultores y regantes. Se plasmará mucho más con la Mesa del Agua de la Comunidad Valenciana, de constitución inminente. Y el institucional es el que teje alianzas estratégicas con otras comunidades y territorios a las que también afectan los recortes del Tajo-Segura. Y que son Andalucía y la Región de Murcia.

Este viernes, Salomé Pradas, la consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio del Gobierno de Carlos Mazón, ha recordado que el Ejecutivo valenciano ya advirtió hace unos meses que defendería cada gota de agua «ante los juzgados, si era necesario». Y ese, es el paso que ha dado ahora, con la presentación de los citados cuatro recursos contencioso administrativos ante la Audiencia Nacional. Cada recurso de Mazón responde a un recorte de Sánchez.

En los meses de junio a septiembre de este año, el Gobierno de Sánchez ha recortado el agua de trasvase de 20 a 15 hectómetros cúbicos cada mes, desde los embalses de Entrepeñas y Buendía y a través del acueducto del Tajo-Segura. Según ha explicado Pradas, se trata de una defensa judicial del agua «que no se había hecho hasta ahora».

Además, el Gobierno de Mazón también va a recurrir, ante las mismas instancias, la Audiencia Nacional, la orden de 30 de octubre de un nuevo recorte de dos hectómetros, de 20 a 18.

El Ejecutivo valenciano considera estos recortes «injustos», porque existen unas propuestas técnicas de la Comisión Central de Explotación que «avalan» que el trasvase debería ser de 30 hectómetros cúbicos, según ha explicado Salomé Pradas.

Por tanto, el trasvase debería contar con diez hectómetros más y no dos menos. Por eso, el Gobierno valenciano entiende que el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la socialista Teresa Ribera, «de manera totalmente arbitraria y discrecional» opta por «recortar» dichos trasvases.

En el ámbito jurídico, el Gobierno de Mazón cree que los mencionados recortes están «faltos de motivación». Y, además, se deciden «totalmente a espaldas» de la Generalitat. Y una cosa sumada a la otra sitúa al Ejecutivo de Mazón en una situación de «absoluta indefensión», según ha explicado también Pradas.

La consejera ha advertido, además que el Gobierno valenciano va a seguir «desplegando» su acción jurídica ante los «recortes injustificados»  del Tajo-Segura. «No nos vamos a quedar con los brazos cruzados como el Gobierno de Ximo Puig», ha añadido Pradas.