Mazón sitia a Sánchez con el Tajo-Segura: recurso judicial, PNL en las Cortes y mesa para la gestión

Recurso judicial, PNL en las Cortes Valencianas y creación de la Mesa del Agua autonómica. El Gobierno de la Generalitat Valenciana, que preside el popular Carlos Mazón y el Grupo Popular en las Cortes Valencianas tienen listas una batería de iniciativas en defensa del trasvase Tajo-Segura. El objetivo es acabar de una vez con los sucesivos recortes que ha sufrido este trasvase en los últimos cinco años por parte del Gobierno de España, hasta 26. Y que se modifique el Plan del Tajo, que incluye el incremento del caudal ecológico en la cabecera de ese río y, en consecuencia, una reducción de aportes al Segura.

Todas las iniciativas responden, además, al compromiso adquirido por Mazón en la reciente campaña electoral autonómica, en la que reiteró que la actual será la legislatura del agua. Y lo está cumpliendo.

Para entender la motivación del presidente valenciano hay que explicar que la aprobación del citado Plan del Tajo por el gobierno de Pedro Sánchez y la reducción de caudal supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo en la huerta del Segura. Una pérdida, también, de 15.000 puestos de trabajo y de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros, en datos del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Este jueves, la consejera Salomé Pradas ha anunciado en la apertura del V Congreso Nacional del Agua, en la localidad alicantina de Cox, que el Gobierno valenciano va a iniciar una estrategia de defensa integral del agua en tres ámbitos: el social, en coordinación con agricultores y regantes; el judicial y el político. Este último, en coordinación con otras administraciones.

En el ámbito judicial, Salomé Pradas ha anunciado la presentación de un recurso judicial «frente a los recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura acordados por el Ministerio de Transición Ecológica», que dirige la socialista Teresa Ribera. Y que han provocado lo que Pradas ha calificado de «infamia hídrica», que sufre esta tierra.

En el ámbito legislativo, la defensa del trasvase Tajo-Segura se contiene en una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas para que declaren el trasvase «esencial» para el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia de Alicante y, por tanto, «irrenunciable» para la Comunidad Valenciana.

En esa PNL, se insta al Gobierno valenciano, además, a que solicite al de Sánchez que no lleve a cabo más recortes que reduzcan el caudal del trasvase. Y se pide la modificación del Real Decreto 35/2023 de 24 de enero en lo que respecta al plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo, «regulación que supone una reducción drástica del caudal que recibe el Tajo-Segura».

A todo ello, se une el reciente anuncio de Carlos Mazón de crear la Mesa del Agua de la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo es proyectar las necesidades de este territorio en materia de agua. No sólo se hablará en ella del Tajo-Segura, sino también del Júcar-Vinalopó y de cuantas infraestructuras hídricas tiene el territorio. Pero sí será una cuestión principal.