La Diputación de Alicante recurre la negativa del Supremo a suspender cautelarmente el Plan del Tajo

La Diputación de Alicante ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo su recurso de reposición a la negativa del citado Alto Tribunal de suspender cautelarmente el Plan del Tajo aprobado por el Gobierno de España, que preside, ahora en funciones, el socialista Pedro Sánchez.

El citado plan incrementa los caudales ecológicos en cabecera y, en consecuencia, reduce la aportación de agua del Tajo al Segura. La institución provincial insiste en la urgencia y la necesidad de las medidas cautelares porque entiende que de no adoptarse no podrán evitarles los daños económicos, ecológicos y medioambientales que ya se están produciendo.

La presentación de este nuevo recurso por parte de la Diputación de Alicante deja clara la intención de la institución de agotar todas las vías posibles para defender los intereses de la provincia, que según ha explicado su presidente el popular Toni Pérez pasan por el «mantenimiento del trasvase Tajo-Segura», que el propio Pérez ha definido como «vital para esta tierra y para su futuro».

El recurso, al que ha tenido acceso OKDIARIO, consta de 15 folios. Y, en el mismo, la institución recurrente sostiene que la petición de medidas cautelares respondía a una razón «de indudable urgencia y no causaba un daño correlativo en la cuenca cedente». Esto es, en la cuenca del Tajo.

Se apoya en una serie de razonamientos que se consideran «contrarios a derecho» y que «vulneran» la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la institución provincial.

Así, se recuerda que la suspensión cautelar solicitada no condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica, porque sólo afecta a la entrada de vigor inmediata del incremento de los caudales ecológicos: de 6 a 7 hectómetros cúbicos, sino que «simplemente discute que se haya determinado en un caudal, a nuestro juicio, a todas luces excesivo, injustificado y que provoca perjuicios notables en la cuenca receptora».

Aduce, además, que «ha quedado acreditado» mediante numerosos informes técnicos que no hay «una justificación mínimamente solvente que avale la cantidad fijada para el incremento de caudal ecológico», en tanto que el daño para cuenca receptora resulta «palmario y de gran alcance».

Lo que dicen esos informes técnicos es que elevar un hectómetro cúbico el caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hectómetros por metro cúbico de merma en destino. Y que todo ello tendrá, como consecuencia, la pérdida de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante y diputada de ciclo hídrico Ana Serna ha calificado de «posición totalmente arbitraria y sectaria» la mostrada en los últimos años por el Gobierno de Pedro Sánchez en relación a este trasvase: «Condenando a muerte a una infraestructura que garantiza la supervivencia de miles de familias alicantinas».