La fiscal que acusa a Oltra ya advirtió en 2013: «Estamos para investigar, no para hacer política»

Durante una amplia fase en la investigación del caso que intenta esclarecer si las denuncias de la menor abusada por quien era el marido Mónica Oltra vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas fueron supuestamente ocultadas por cargos y/o personal de la Consejería de Oltra, la propia vicepresidenta ha defendido que se ha tratado de una «cacería de la extrema derecha». Sin embargo, el perfil de la Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Teresa Gisbert, que acusa a Oltra de hasta 3 supuestos delitos, está muy alejado de esa afirmación. La fiscal siempre ha sido muy clara al respecto de este tipo de investigaciones: «Estamos para investigar, no para hacer política», sostenía ya hace 9 años.

El ‘caso Oltra’ en cuyo marco la fiscal superior del TSJCV ha acusado a Mónica Oltra de los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, es el surgido a la raíz de la investigación del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia a consecuencia de una denuncia presentada por la menor abusada por el marido, entonces, de la vicepresidenta valenciana. El juez intentaba esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ‘taparon’ las denuncias de la menor. 

En el transcurso de la investigación llevada a cabo por el mencionado juzgado, se produjeron 13 imputaciones. Todas de cargos y personal de la citada Consejería. Hasta que llegados a un punto de esa misma investigación, el titular del Juzgado solicitó al TSJCV la imputación de Mónica Oltra, que sólo podía decidir el Alto Tribunal valenciano dada su condición de aforada por ser vicepresidenta y diputada autonómica.

EL TSJCV designó tribunal dentro de la Sala de lo Civil y lo Penal. Y ese tribunal, presidido por otra mujer, Pilar de la Oliva, presidenta a su vez de la citada instancia judicial, solicitó a las partes y a la Fiscalía que alegaran acerca de su competencia.

Entre los escritos presentados destacan especialmente 3. El de la menor, que vino a decir que imputar a Oltra garantizaba su defensa, el de la defensa de Oltra, que solicitó el sobreseimiento para su defendida al entender que no hay indicios de criminalidad. Y el de la Fiscal Jefe del TSJCV, que sí vio los 3 posibles delitos mencionados en la actuación de Oltra. Todo ello, en un escrito demoledor, que ha provocado un completo terremoto en el Gobierno valenciano.

Oltra se ha escudado en varios argumentos a lo largo de la evolución del caso. El más destacado, en el ámbito del contenido político, es el que hace referencia a que el caso era una «cacería política de la extrema derecha», tesis que hasta el día de hoy mantiene, más matizada, Compromís, la coalición de corte nacionalista que Oltra lidera y que el pasado fin de semana llegó a sostener también que se trataba de «una persecución política».

Sin embargo, esta tesis, en el actual momento del caso ha quedado desterrada dado el perfil independiente y profesional de la fiscal superior del TSJCV, Teresa Gisbert. Una mujer que pertenece a la Unión progresista de Fiscales y de un intachable recorrido profesional, que arranca en 1981, cuando ingresó en la carrera fiscal.

El primer destino de Teresa Gisbert fue la Audiencia Provincial de Barcelona, de ahí, pasó a la de Castellón. Y, posteriormente -1984- a la Fiscalía del TSJCV. En 2008, tomó posesión como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, renovando el cargo tanto en 2013 como en 2018. Hasta que en 2019 tomó posesión como nueva Fiscal Superior del citado Alto Tribunal valenciano. Fue miembro del Consejo Fiscal, órgano asesor del Fiscal General del Estado desde 1992 hasta 1996.

Pero quizás, lo más relevante en relación al caso que nos ocupa es que Teresa Gisbert ha sido coordinadora de la Sección de Menores de la Fiscalía del propio TSJCV y es especialista tanto en reforma como en protección de menores. Por tanto, es profunda conocedora de esta temática y su problemática.

De su alto grado de profesionalidad baste recordar un apunte, que se produjo nada más renovar su responsabilidad de fiscal jefe de la Audiencia de Valencia, en 2013. Entonces, en una entrevista concedida a Valencia Plaza, afirmó que «cuando hay materia para investigar y acusar, se acusa. Estamos para ser profesionales, no para hacer política».

Y, precisamente, es su escrito el que ahora analiza el tribunal para decidir acerca de si imputa a o no a Mónica Oltra, junto a los de la defensa de la propia Oltra, la del resto de imputados y los de la defensa de la menor, y las acusaciones populares: la asociación Gobierna-T y Vox. Un periodo de reflexión y estudio de las alegaciones que comenzó la pasada semana y que puede concluir en cualquier momento. Será entonces, cuando ese tribunal manifieste su parecer definitivo acerca de la posible imputación de la vicepresidenta valenciana.

El caso, además, no es ya un ‘asunto valenciano’. Su trascedencia se ha extendido por toda España, como lo demuestra el hecho de que el propio Ximo Puig recibiera una batería de preguntas en el transcurso de un acto protagonizado en Madrid la pasada semana, con afluencia de políticos, empresarios y periodistas. En la semana en curso, todos los ojos están puestos en la Comunidad Valenciana para conocer este desenlace dentro del ‘caso Oltra’.