Diez detenidos en Valencia por empadronamientos falsos de inmigrantes por los que pagaban hasta 300 €

Un total de 10 personas, todos varones, de origen español, marroquí y argelino han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de falsedad documental relacionado con la compra de inscripciones fraudulentas en el padrón de la localidad valenciana de La Alcudia, un municipio ubicado en la comarca de la Ribera Alta. Falsos empadronamientos por los que pagaban entre 150 y 300 euros. En la vivienda llegaron a estar empadronadas a la vez un total de 38 personas. En el momento las pesquisas policiales, eran 26.

En concreto, la investigación policial se puso en marcha tras detectar la existencia que un elevado número de ciudadanos de origen extranjero se encontraba empadronado en un mismo domicilio de la localidad antes citada. Y, también, un continuo trasiego de altas y bajas en el padrón en relación a esa misma vivienda.

En sólo tres años, hasta 38 personas se habían dado de alta y, en el momento de producirse la intervención policial, hasta 26 de esas personas seguían inscritas allí, sin que realmente residieran en el lugar que indicaba el padrón.

Las indagaciones han corrido a cargo de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Alcira-Algemesí. Los agentes averiguaron que el hijo del propietario de esa vivienda había falsificado, supuestamente, la firma de su padre para efectuar los empadronamientos sin que el progenitor tuviera conocimiento de ello.

Averiguaron, además, que por cada uno de esos presuntos empadronamientos fraudulentos, cobraba una cantidad entre los 150 y los 300 euros. Posteriormente, estos últimos presentaban esa misma documentación ante las Administraciones para regularizar su situación en España y obtener la tarjeta sanitaria.

Un total de 10 personas han sido detenidas en relación a estos hechos. Se les imputa un presunto delito de falsedad documental. Para el hijo del propietario de la vivienda se ha propuesto una sanción económica de 100.007 euros al amparo de la Ley Orgánica 4/2000. Esta ley considera infracción muy grave consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero y obteniendo, a su vez, un beneficio económico por ello. Todo ello, según la Policía Nacional.

Se da la circunstancia, tal como ha venido publicando OKDIARIO, que la Generalitat Valenciana lleva meses solicitando más agentes tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional y la Autonómica. Entre otras razones, la Consejería de Seguridad, que dirige Elisa Núñez, ha argumentado para reclamar este incremento de agentes que los cuerpos y fuerzas de seguridad se encuentran «infradotados» ante el aumento, a su vez, de la inmigración ilegal, de la realidad delincuencial y de la población.