El documento marco del PP para pactar con Vox: «Ninguna diferencia está por encima del interés de España»

El Partido Popular ha elaborado un «documento marco» para negociar con Vox los gobiernos en todas sus comunidades autónomas. Un total de diez medidas con las que los de Feijóo pretenden «fijar las bases orientativas» de sus negociaciones con los de Santiago Abascal. «Ninguna diferencia está por encima del interés de España», apuntan en su escrito.

Según el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, los populares ponen énfasis en que este decálogo tenga su razón de ser en que, «elección tras elección», los españoles han manifestando «su rechazo al actual Gobierno» así como su voluntad de «abrir una nueva etapa política en España». «Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra», asegura.

«El equilibrio debe regir la concreción de los acuerdos, recuperando de este modo el principio de representación democrática que Sánchez y sus socios han dilapidado en los últimos años. Abogamos por un sistema de diálogo y consenso que rompa la dinámica de chantaje político y privilegios injustificables», prosigue en su escrito el PP.

Estas son las diez medidas que propone el equipo de Feijóo para sellar los acuerdos de gobernabilidad con Vox:

1. Todo acuerdo exige pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho. Como es obvio, fuera de la legalidad vigente, base de una convivencia sana y segura, no puede materializarse ninguna propuesta.
2. El respeto a la ley incluye el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España. Los acuerdos se ceñirán a las medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración.
3. Consideramos que, en un momento de extraordinaria decadencia en España, tenemos el deber de velar por el respeto a las principales instituciones de la Nación. Particularmente, nos comprometemos a proteger la separación de poderes, preservar el prestigio de las instituciones autonómicas que representemos y respetar a la Jefatura del Estado.
4. Cualquier acuerdo debe basarse también en el principio de coherencia programática, de tal modo que nuestra formación puede aceptar ampliar las ofertas con las que concurrieron a las elecciones, pero no contradecirlas.
5. La igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la libertad deben ser la base de las medidas políticas acordadas. Hacer las cosas distintas al actual Ejecutivo central incluye no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición. Así mismo, los contenidos deberán proteger y ampliar las libertades individuales, la iniciativa personal y el pluralismo.
6. Entendemos que el reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas.
7. El Partido Popular tiene identidad política propia. Un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo. Los ciudadanos lo saben y votan en consecuencia, a cada uno en su proporción. Pero proclamamos que ninguna diferencia está por encima del interés de España y nos mostramos conscientes de que frustrar el mandato de las urnas contribuiría, de hecho, a sostener una situación política que la mayoría social está rechazando con contundencia.
8. Por ello, sin perjuicio de las legítimas diferencias programáticas, identificamos las siguientes materias de competencia autonómica como ámbitos prioritarios de acuerdo ya que son las principales preocupaciones de la ciudadanía a día de hoy:

• Los españoles pagan demasiado para lo que reciben. El infierno fiscal de este Gobierno asfixia a trabajadores, autónomos y familias que son quienes sostienen el país. Nos comprometemos a utilizar todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos a las familias, a los trabajadores y a quienes quieren emprender, ahorrar o acceder a una vivienda, sin otro límite que la garantía efectiva de los servicios públicos esenciales. La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos.
• Nos comprometemos a reducir desde el ámbito autonómico la burocracia que asfixia a autónomos y pequeños empresarios, a simplificar trámites y a no poner ni una traba más de las estrictamente necesarias. Nos comprometemos igualmente a no levantar barreras regulatorias entre comunidades autónomas que fragmenten la unidad de mercado y perjudiquen a quienes arriesgan su patrimonio para crear empleo.
• Defendemos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores frente a la sobrerregulación y las políticas que encarecen sus costes y ponen en riesgo su viabilidad. El campo es competitividad, empleo y equilibrio territorial. Desde el ámbito autonómico impulsaremos medidas de simplificación administrativa, apoyo productivo y defensa de nuestros productores frente a la competencia desleal.
• Rechazamos las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria. Nos comprometemos a defender desde el ámbito autonómico un mix energético completo, que incluya la energía nuclear, y a no aceptar cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de las familias.
• Es imprescindible establecer una política energética que dote al sistema de capacidad y eficiencia suficientes para el desarrollo pleno de las actividades industriales y tecnológicas que garanticen la atracción de inversiones estratégicas.
• La vivienda es hoy la frontera entre quienes pueden construir un proyecto de vida y quienes no. Millones de jóvenes y familias de clase media están siendo expulsados del mercado mientras el Gobierno responde con intervencionismo y una Ley de Vivienda que ha producido menos oferta y precios más altos. España necesita construir, no intervenir. Nos comprometemos a impulsar desde el ámbito autonómico un shock de oferta: más suelo, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilización del suelo público disponible. Facilitaremos el acceso de los jóvenes a la propiedad con las herramientas fiscales a nuestro alcance.
• La okupación ilegal de viviendas es una anomalía que no vamos a consentir: desalojo exprés, empadronamiento nulo en viviendas ocupadas y seguridad jurídica plena para propietarios e inquilinos.
• Creemos que los acuerdos deben proteger la dignidad de todos los ciudadanos y promover una solidaridad activa entre personas, especialmente hacia los más vulnerables. Esto pasa por hacer un ejercicio de distinción entre las personas necesitadas y las aprovechadas. No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo.
• España ha perdido el control de su política migratoria. La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho. Esto es profundamente injusto con quienes han seguido las vías legales y se han esforzado por integrarse, y lo es también con los ciudadanos que ven cómo se deterioran la convivencia y los servicios públicos en sus barrios y municipios.
• Defendemos que quien venga a trabajar y a respetar nuestras leyes debe ser bienvenido, y que quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado. Exigimos al Gobierno de España que controle las fronteras, que ejecute las expulsiones y que cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume.
• Situamos la natalidad en el centro de la agenda política y defendemos la familia como la primera red de apoyo, de cuidados y de transmisión de valores. Frente a quienes la atacan y quieren sustituir su papel por la intervención del Estado, afirmamos que no hay política social que la reemplace. Nos comprometemos a poner en marcha, en el ámbito autonómico, medidas fiscales y de servicios sociales que ayuden a las familias a tener los hijos que deseen, a prestigiar la maternidad y a reivindicar el papel fundamental del padre, eliminando las trabas que penalizan a las madres y a los padres en el acceso y mantenimiento del empleo.
• Los niños merecen una infancia protegida. Protegida de la exposición prematura a contenidos dañinos, protegida de intervenciones que no respeten su proceso de maduración y protegida de quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo. Los padres son los primeros garantes de ese derecho y las instituciones deben estar a su servicio, no al revés.
• La igualdad no consiste en generalizar una educación deficiente para todos. Defendemos un sistema educativo exigente, basado en la cultura del esfuerzo y la excelencia académica, que luche contra la mediocridad y el aprobado general. Son los padres quienes deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral, conforme a la Constitución. Nos comprometemos a impedir que las aulas se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico, protegiendo la libertad de pensamiento de alumnos y familias.
• Las mujeres siguen enfrentando dificultades reales en el acceso al empleo, en la conciliación y en la brecha salarial. Esos problemas se resuelven con políticas concretas y eficaces, no enfrentando a los ciudadanos por su sexo. Nos oponemos a aquellas tradiciones o creencias que justifiquen prácticas que oprimen a la mujer: por eso continuaremos promoviendo la prohibición del burka y el niqab como negación simbólica y práctica de su libertad.
• La condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca. Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo.
• Los jóvenes no pueden ser la generación aplazada. España necesita que puedan emanciparse antes, acceder a un empleo estable y formar una familia si así lo desean, sin que la incertidumbre permanente ni la precariedad vital y emocional condicionen sus decisiones más importantes. Nos comprometemos a orientar desde el ámbito autonómico la fiscalidad, la vivienda, la formación y el empleo hacia un objetivo claro: que el esfuerzo vuelva a tener recompensa, que trabajar permita independizarse y que construir un proyecto de vida propio, incluido formar un hogar, sea una posibilidad real y no una excepción.
• Compartimos la preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana. El crimen organizado, las bandas juveniles y la inseguridad no se combaten con discursos: se combaten con medios, con presencia y con leyes que se cumplan. Nos comprometemos a la máxima coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a exigir al Gobierno una respuesta penal a la altura: que quien delinque asuma las consecuencias.
• Consideramos que la sanidad pública es uno de los pilares esenciales del bienestar compartido y una competencia clave de las comunidades autónomas. Nos comprometemos a reforzar desde el ámbito autonómico la planificación de profesionales sanitarios, ampliar las plantillas allí donde más falta hacen y aliviar la sobrecarga que hoy soportan los equipos, especialmente en Atención Primaria. Garantizaremos una atención equitativa en todo el territorio y reforzaremos la prevención y la salud mental, porque sin planificación, equilibrio territorial y condiciones laborales dignas no hay confianza en la sanidad pública.

9. En cualquier acuerdo, las formaciones comprenden que los gobiernos responden solidaria y colegiadamente por las decisiones y su aplicación presupuestaria, con independencia de las responsabilidades ejecutivas de cada uno. En coherencia, todo acuerdo deberá contribuir a la gobernabilidad eficaz y la seguridad jurídica, evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política.

10. Así mismo, los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre. La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto.