Acusan a un gestor de fincas de Mallorca de estafar más de 300.000 euros a una familia kuwaití

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará a partir de este jueves a un hombre al que se le acusa de estafar más de 300.000 a una familia de Kuwait propietaria de varias fincas en la isla de Mallorca y en Madrid.

El procesado era el encargado del mantenimiento de las propiedades pertenecientes a la citada familia, con cuyos miembros mantenía una relación de confianza ya que sus padres habían desempeñado los mismos trabajos para ellos. En concreto, se ocupaba de vigilarlas, controlar al resto de empleados y realizar tareas de mantenimiento y limpieza, garantizando que todo estuviera en orden para cuando los dueños acudieran.

Entre las fincas rústicas que eran propiedad de la familia kuwaití están ‘Capocorb’, ‘Betlem’, ‘Ses Planes’ y ‘Son Jaumell’, ubicadas en Mallorca, o la madrileña ‘La Naveta’.

La actividad delictiva del acusado empezó en el año 2017 cuando el hombre arrendó las fincas ‘Betlem’ y ‘Capocorb’ por un periodo de cinco años y por una cantidad conjunta de 20.000 euros anuales sin el consentimiento de la propietaria. De este dinero, se quedó aproximadamente con hasta 50.000 euros.

Ese mismo mes hizo lo propio con ‘Ses Planes’, que también alquiló por un periodo de cinco años y por un importe anual de 9.000 euros a dos hermanos, quienes explotaron la finca durante al menos tres años. Aunque en este caso el procesado no se quedó con cantidad alguna, a cambio le realizaron trabajos en las fincas que después se facturaron a las empresas de la familia de Kuwait.

En mayo de 2019 continuó con las estafas, ésta vez falsificando dos autorizaciones de la propietaria de las fincas para tramitar ante el departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca y ante la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid los permisos pertinentes para la práctica de la caza en todos los cotos de las fincas.

Por si fuera poco, al año siguiente suscribió, por un periodo de un año y una cantidad de 12.000 euros, un contrato de arrendamiento de aprovechamiento cinegético con un hombre que le abonó dicha cantidad en metálico. En 2021 vendió a una empresa múltiples pinos por un importe de 8.000 euros, de los cuales se apropió 1.500.

A todo ello se le suma el hecho de que en 2018 constituyó una mercantil, de la que era administrador único, y se ofreció a la familia kuwaití que fuese esta quien realizara los trabajos de mantenimiento de las fincas.

Habida cuenta de la confianza que tenían en él aceptaron la propuesta y convinieron que cada año elaboraría un presupuesto detallado con los trabajos a desarrollar que, una vez aceptados y ejecutados, se le abonarían las correspondientes facturas.

No obstante, entre 2020 y 2022 giró al menos cuatro facturas por servicios no prestados y trabajos no ejecutados, o solo parcialmente, por aproximadamente 290.000 euros.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a seis años de prisión y al pago de una multa de unos 38.000 euros y una indemnización equivalente a la cantidad estafada como supuesto autor de un delito de falsedad en documento mercantil.