El defensor valenciano investiga de oficio la escolarización de 2.800 menores ucranianos refugiados

El defensor del pueblo valenciano Angel Luna ha abierto una queja de oficio para investigar y supervisar las condiciones de escolarización de casi 2.800 menores ucranianos refugiados en centros docentes de esta Comunidad por la Consejería de Educación, responsabilidad de Vicent Marzà (Compromís) en el Gobierno que dirige el socialista Ximo Puig.

El Defensor del Pueblo valenciano es una figura que en este territorio recibe el nombre de Síndic de Greuges. La responsabilidad la desempeña Angel Luna, que ha dejado constancia de su minuciosidad en el trabajo desarrollado en cada informe llevado a cabo en los últimos tiempos en los que ha puesto en marcha, además de las quejas recibidas, varias otras de oficio. Su trabajo lo muestra con total transparencia en la pagina web de la institución. Ahora, Luna ha reflejado en esa web no sólo el arranque de la queja, también las actuaciones que está llevando a cabo.

La investigación tiene también carácter de supervisión y, para ello, el Defensor solicita información a la Consejería de Marzà de cuestiones tan sensibles como el protocolo de acogida al alumnado ucraniano, los planes para reforzar el sistema educativo valenciano a consecuencia de la avalancha que suponen estos nuevos alumnos, el incremento del profesorado o la contratación de traductores. La Consejería de Educación tiene un plazo legal de un mes para responder a las peticiones del Defensor, que con carácter excepcional podría prorrogar en otros 30 días siempre que la propia Consejería lo solicitase en tiempo y forma.

La situación de los menores refugiados se ha convertido en una cuestión prioritaria para el defensor valenciano por 2 cuestiones. Una, porque en torno al 40% de los 7.000 menores ucranianos escolarizados en España desde el inicio de la guerra se encuentran en centros docentes de la Comunidad Valenciana (unos 2.800). Y, otra, porque ante un incremento de alumnado de estas características con un aumento exponencial de menores en el sistema educativo de este territorio, el defensor cree que «difícilmente» se puede atender «con la organización de los recursos previsto al inicio del curso», según refleja en su página web. Por lo que su intervención consiste esencialmente en velar para que esos menores cuenten con los recursos adecuados. Y demandarlo si no es así.

En concreto, el Defensor pregunta a la Consejería de Educación cuál es el protocolo específico de acogida del alumnado ucraniano, los detalles de los planes de la citada consejería para reforzar el sistema educativo actual, si se ha producido incremento del profesorado, la contratación de traductores, las unidades de orientación, las aulas internivel y la formación específica de los docentes para atender a estos menores y a sus familias. Además, se ha interesado también por los centros donde se han escolarizado menores ucranianos con una ratio por encima de lo recomendable y quiere saber «qué se está haciendo al respecto», según explica también en la citada web.

El defensor valenciano fundamenta la apertura de su queja de oficio en su obligación legal de atender y proteger a aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de niños y adolescentes ucranianos llegados a la Comunidad Valenciana huyendo de la guerra. Entiende que esta emergencia requiere una especial atención por las «necesidades y dificultades emocionales de los menores a consecuencia del trauma vivido».

La apertura de esta queja de oficio no es la única iniciativa adoptada por el defensor valenciano en torno a la Educación de los menores ucranianos. Además, se ha unido a la Red Europea de Defensores de la Infancia para facilitar que los menores ucranianos puedan continuar con su currículum educativo desde la distancia. Con ese fin, ha publicado en su web una guía elaborada por el Defensor del Pueblo de Ucrania, con información para niños, familias y maestros sobre recursos educativos en línea de libre difusión.