El caso del hermano de Ximo Puig se reaviva: el PP recurre y los imputados miran hacia la Audiencia

La batalla judicial abierta en el caso que afecta a Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana -Ximo Puig-, mira ya hacia la Audiencia Provincial de Valencia. Las partes están pendientes del recurso presentado por el Partido Popular contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia, que de facto supone el fin de la fase de investigación a causa del error de un funcionario. Si el recurso del PP prospera, las defensas de los imputados tendrán que dirigirse a la Audiencia Provincial, según las fuentes consultadas, para hacer constar de nuevo su disconformidad, con lo que sería esa Audiencia la que determinara si la instrucción concluye o se aboca a otra prórroga.

En el caso del hermano de Ximo Puig se investiga el presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana por parte de empresas relacionadas con el citado Francis Puig.

El pasado 26 de enero de este año 2023, el juez instructor del caso comunicó a las partes a través un auto que acordaba la prórroga de la investigación por un periodo de seis meses. Pero el error de un funcionario ha dado un vuelco al caso y ha servido de base a un recurso presentado, precisamente por los imputados, para solicitar el fin de la fase de instrucción, lo que supone, de facto, el cierre de la fase de investigación, porque ese recurso ha prosperado.

La decisión del juez de finalizar la instrucción ha traído en cascada otro recurso, del PP en este caso, para apelar la resolución del mencionado auto judicial por dos motivos: aún no ha sido entregado al juzgado el informe de Intervención de la Generalitat Valenciana, requerido en marzo de 2022, que debe elaborar una relación de las subvenciones que recibieron las empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig de esa Administración acotado a un periodo de tiempo. Y porque considera que una vez se reciba el citado informe su contenido puede dar pie a la solicitud de nuevas diligencias.

En esa situación, según las fuentes consultadas, será la Audiencia la que determine, ante un nuevo recurso de la defensa de los imputados, en último término, si da por zanjado el periodo de instrucción o bien acepta retrotraerlo a la decisión de conceder una nueva prorroga por otros seis meses tanto para la entrega del informe de intervención de la Generalitat como para las diligencias que pueda solicitar el magistrado o las partes a tenor del mismo. En el caso del informe de intervención de la Generalitat, éste sí tendrá que ser entregado al jugado, porque se trata de una diligencia que ya estaba en curso antes del auto judicial que decreta el fin de la instrucción.

Informe de Intervención

Ese informe, como se ha dicho, fue solicitado por el juzgado en marzo de 2022. En octubre, Intervención remitió al juez un documento previo en el que le manifestaba el procedimiento y mecánica de elaboración. Y también que podía sufrir una demora mayor por la complejidad de los datos requeridos, estimada en otros cuatro meses. Esos cuatro meses se cumplen ahora, en febrero, sin que hasta el momento, el citado documento haya llegado al órgano judicial.

El informe es de una trascendencia capital en el caso, tanto para la acusación como para las defensas. Porque será una de las bases para conocer finalmente si se produjo ese supuesto fraude en el cobro de la subvenciones y su alcance económico.

Abogacía de la Generalitat

La consejera de Justicia del Gobierno valenciano Gabriela Bravo explicó en su día en las Cortes Valencianas que se encontraban a la espera de saber, en caso de cantidades supuestamente defraudadas, si la cantidad excedía o era menor a los 120.000 euros.

En caso de no superarlos, se trataría de una infracción administrativa. Pero si la cantidad supuestamente defraudada superase esa cifra estaríamos el caso tomaría tintes contenidos en el ámbito penal. Esa explicación sirvió de base a la consejera para explicar también, entonces, por qué la Abogacía de la Generalitat aún no se había personado en el caso. En el escenario actual, con la instrucción cerrada a falta de resolver el recurso de apelación del PP, la Generalitat no se ha personado en el caso a través de su Abogacía.