El PP acusa a Puig de «boicotear» el juicio de su hermano al no entregar el informe de la Generalitat
Los escándalos que sacuden a la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig parecen no tener fin. Hoy, el Partido Popular ha acusado directamente al presidente valenciano de «boicotear y retrasar el juicio de su imputado hermano -Francis Puig- por no entregar el informe de la Intervención de la Generalitat». Se trata de un informe solicitado a ese órgano el pasado marzo a instancias del instructor del caso para conocer las ayudas concedidas desde el Gobierno valenciano a empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano de Ximo Puig.
La petición de ese informe forma parte de las diligencias ordenadas desde el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia dentro del caso que investiga presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig.
En octubre de 2022, Intervención de la Generalitat Valenciana remitió al juzgado un documento en el que hacía constar tres cosas: el procedimiento de localización de las facturas de las subvenciones concedidas a Francis Puig, que la búsqueda se alargaría otros 4 meses y que le resultaba imposible conocer si existían duplicidades con las facturas de la Generalitat de Cataluña porque carecía de acceso a esta última información. Es decir, a las facturas abonadas desde el Gobierno catalán.
La demora de estos informes ha obligado al juez a solicitar dos prórrogas de la investigación. Y esta circunstancia, sumada a que hace 11 meses que se pidió por primera vez esa documentación, es lo que ha soliviantado al PP, que por boca de su director de campaña y portavoz adjunto en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina ha acusado a Puig de esos retrasos y sus consecuencias: «La opacidad y falta de transparencia ya es una señal de identidad del Gobierno de Ximo Puig, que se niega sistemáticamente a entregar la documentación y a activar las comisiones de investigación».
Barrachina ha hecho también hincapié en que con ese retraso «está impidiendo» que se conozca «toda la verdad» sobre el caso. Y ha recordado que hasta ocho miembros de la familia de Ximo Puig, según ha dicho: «Se han beneficiado de esta trama de subvenciones con dinero público de todos los valencianos».
Abogacía de la Generalitat
No es esta la única cuestión que en los últimos tiempos ha echado en cara el Partido Popular a Ximo Puig en torno a este caso. El PP ha insistido al presidente valenciano en que persone a la Abogacía de la Generalitat en el procedimiento. Pero el Ejecutivo siempre se ha resistido hasta saber si la cuantía de las subvenciones supuestamente defraudadas superan los 120.000 €. Para esto último, resulta imprescindible conocer el informe de Intervención.
Esta cuestión fue objeto de debate en las Cortes Valencianas el pasado mayo, en un polémico Pleno en el que la consejera de Justicia Gabriela Bravo sostuvo que la Generalitat no se podía personar hasta saber si la cantidad producto de esas supuestas irregularidades superaba esos 120.000 €.