Del megáfono al victimismo: unos activistas antidesahucios piden desalojar a unos okupas de su piso
José Luis y Marina son dos activistas antidesahucios de Barcelona que pertenecen a colectivos que defienden la okupación. Sin embargo, ahora son ellos los que, tal como denuncian, son víctimas de una usurpación por parte de dos personas que no quieren desalojar una vivienda suya. Lamentan que no han visto ni un sólo euro de alquiler. En Nou Barris, esta familia dejó las llaves de una vivienda a una persona que aseguraba que económicamente estaba con el agua al cuello, pero, posteriormente, descubrieron que había sido engañados. Tiene trabajo y no paga.
Este padre e hija cambian así de bando. De tomar una parte muy activa en sindicatos de inquilinos que defendían la okupación, sobre todo en propiedades de fondos de inversión, ahora quieren acelerar un desahucio. Quieren recuperar su piso familiar en un barrio humilde de la Ciudad Condal para que viva la hija.
Relatan un infierno total con una de las personas en la que confiaron y a la que querían ayudar. Han pedido entrar en el piso a por pertenencias personales y se han topado con un «no» por respuesta. Tampoco el okupa les ha hecho el favor de dejar en el portal esos objetos requeridos: ropa de bebé y otros útiles infantiles que necesitaban con urgencia.
Estos activistas habituados a hacer guardia frente a las casas que quieren recuperar sus propietarios, habitualmente bancos, denuncian ahora ser víctimas de coacciones. Tal como informa El Periódico, el dueño de la vivienda espera a que un juez ejecute el desalojo de las dos personas protagonistas de la okupación con urgencia. Asegura que tienen ingresos estables trabajando como vigilantes de seguridad, pero, aun así, no pagan un céntimo por el alquiler. Tampoco quieren dejar la vivienda y buscar otra. Recuerdan con pesar el momento de 2020, tras el confinamiento, en el que dieron las llaves del piso. Apalabraron un máximo de tres meses, pero dos años después siguen usando el inmueble.
En un momento dado, Marina compartía domicilio con el okupa, pero no fue posible la convivencia. Ella asegura que fue agredida tras ser arrinconada y empujada. También denuncia gritos y amenazas. Veía su integridad física comprometida. Al final, acabó saliendo corriendo de casa. Según expone, el okupa consiguió su objetivo, provocar hasta quedarse con el piso y hacer del mismo su cuartel general del que no se marcha ni bien ni mal.
En este punto, los afectados apuntan que han conseguido en los tribunales una orden provisional del desalojo. No obstante, claman porque llevan muchos meses esperando la resolución del recurso del okupa.
573 euros
José Luis lamenta que él no ha dejado de pagar mes a mes los 573 euros de hipoteca ni los gastos del gas y la luz. No quiere vender la propiedad. Sólo quieren recuperarlo para que Marina lo use de nuevo. Afea que ella, a pesar de tener esa vivienda familiar, se ve abocada a pagar un alquiler de 250 euros al mes para alojarse estos meses de incertidumbre. Ya ha pasado por cuatro viviendas mientras se alarga el proceso de desalojo. OKDIARIO se ha puesto en contacto con el entorno de la chica afectada, pero, por ahora, declina hacer comentarios del caso.
Por su parte, el sindicato de inquilinos de Nou Barris muestra su apoyo al padre y a su hija, miembros activos de la organización. Justifican que están a favor de la okupación de domicilios de grandes tenedores, no de pequeños propietarios. Aseguran que las dos personas que se quedan por la fuerza en el inmueble no son «okupas» sino «matones que han forzado a unos vecinos a dejar su casa». Denuncian una doble vara de medir estos casos en los juzgados si el propietario tiene muchas viviendas o sólo una o dos. Los casos de grandes inmobiliarias se resuelven, según esgrimen, más rápido. Quieren más celeridad para expulsar a estas dos personas.