La Generalitat desoye al Supremo y propone otra vez el tercer grado para los golpistas

Hace poco menos de un año la Generalitat ya tomó una decisión similar que posteriormente fue revocada por el tribunal sentenciador

Torra regala la semilibertad a los golpistas para que salgan de la cárcel a los 9 meses de su condena

Los ex miembros del gobierno de la Generalitat condenados por el 1-O.
Los golpistas condenados por malversación y sedición

Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart volverán a gozar, en cuestión de semanas, del tercer grado penitenciario y en consecuencia de la semilibertad. Las juntas de tratamiento penitenciarias, según ha podido saber OKDIARIO, así lo ha determinado pese a la opinión contraria del Tribunal Supremo. Treinta expertos en tratamiento penitenciario han concluido que al haber cumplido una cuarta parte de su condena, los presos separatistas pueden salir ya en semi libertad. También argumentan su buen comportamiento pese a que no se han arrepentido de los hechos.

La decisión, que ha supervisado la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, en manos de Esquerra Republicana, tendrá que esperar ahora el aval definitivo de la consejería de Justicia. Una vez el departamento que dirige la consellera Ester Capella dé luz verde, y el juez de vigilancia penitenciaria dicte el auto de salida de prisión, los nueve presos separatistas podrán volver a abandonar las tres cárceles en las que cumplen condena desde hace casi dos años y medio.

En julio, después de que semanas antes el Ejecutivo de Quim Torra regalase el último tercer grado a los golpistas catalanes, el juez de vigilancia penitenciaria 5 de Barcelona y el Tribunal Supremo dictó su retorno a la prisión en un auto en el que apuntaba que «se acuerda el efecto suspensivo de dicha calificación así como su tramitación preferente y urgente» . Los tribunales estimaban así el recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona, contraria a la decisión de las juntas de tratamiento y del juez de vigilancia penitenciaria de Manresa.

El auto con el que el juez les mandaba de nuevo a prisión, tras acudir solo al centro penitenciario a dormir durante varias semanas, afirmaba que lo que hacía la Generalitat con esa decisión era «utilizar la progresión a tercer grado en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena, como es el caso, como un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento».

Entre otros argumentos, la Fiscalía, en su escrito en contra del tercer grado, aseguraba que no se han cumplido «los fines de reeducación y resocialización» que busca el otorgamiento de un beneficio de estas características. El ministerio público recordaba que todos ellos ya estaban integrados en la sociedad antes de cometer los delitos de sedición y malversación que les llevaron a ingresar en la cárcel, por lo que no se puede justificar su salida únicamente por este motivo.

La concesión de este nuevo tercer grado llega semanas antes de la celebración de las elecciones catalanas, previstas inicialmente para el 14 de febrero. Con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya sosteniendo el gobierno de coalición pero clavándose cuchillos a nivel electoral, a nadie se le escapa que la decisión de Justicia pretende devolver a los de Oriol Junqueras a una cierta radicalidad en el discurso separatista.

La sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, el responsable de dirigir el juicio contra los ex miembros del Govern, apostilló que «nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática».

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