La Generalitat de Cataluña pierde el control de sus cárceles: 400 funcionarios atacados por presos

Los números no mienten. Este año los funcionarios de prisiones catalanas han recibido 393 agresiones en los cuatro centros penitenciarios de esa comunidad autónoma, casi 400. Este número supone un incremento del 36 por ciento respecto al año 2020. Estos datos ponen a las cárceles de Cataluña entre las más peligrosas de España y supone la mayor cifra de agresiones desde 1983, año desde que la Generalitat de Cataluña administra sus propios centros penitenciarios.

Según los datos proporcionados por el Departamento de Justicia, las agresiones en las prisiones catalanas han aumentado considerablemente. La cifra total de trabajadores que han sufrido agresión con carácter grave y/o leve es de 393, en 281 incidentes registrados (sin contar las tentativas). De estas 281 agresiones, sólo 129 han sido denunciadas en el juzgado competente, es decir un 46 por ciento.

El aumento de agresiones en el 2021 respecto al 2020 es muy significativo: las agresiones graves aumentan un 77%, las agresiones leves aumentan un 30% y las tentativas de agresión un 79%. En 2021 se han registrado un total de 56 incidentes graves con el resultado de 69 compañeros/as agredidos/as de consideración grave. Todos/as ellos/as atendidos en los servicios médicos del centro y en la mutua de accidentes, con una suma de 1.418 días de baja, 350 días más que en 2020.

Según el informe anual elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los centros penitenciarios de Brians 1 y Brians 2 siguen siendo las prisiones que más agresiones registran (sin contar tentativas de agresión). Estas las cárceles en la que más trabajadores/as deben ser atendidos por los servicios médicos y el recinto penitenciario más castigado por la violencia intrainstitucional. Les siguen en número de agresiones Quatre Camins y la prisión de Jóvenes de Cataluña.

Desde CSIF Prisiones explican que: «este informe sobre agresiones, tristemente, ya se ha convertido en un mantra, un mensaje repetitivo año tras año y que nos provoca frustración y enfado, sensaciones que ninguna administración ha podido todavía controlar. Somos un colectivo muy maltratado desde hace años, en el sentido más estricto de la palabra, tanto en el aspecto administrativo como en el regimental».

El sindicato achaca este incremento de agresiones a la falta endémica de personal en las prisiones catalanas, la falta de consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y a la implementación de la circular 2/2021, que hace referencia al protocolo de contención «y que deja una visión dudosa sobre la profesionalidad del colectivo penitenciario. Su redacción es ofensiva por todos/as nosotros/as y muchos compañeros, en este año, han sido expedientados o sometidos a informaciones reservadas, una serie de decisiones con una clara orientación de perseguir y criminalizar comportamientos sujetos 100% al reglamento penitenciario. La plantilla de las prisiones catalanas somos los primeros garantes de la seguridad, de los derechos humanos y de cumplir y hacer cumplir todas las normas, circulares y directrices que vayan orientadas a la reinserción de los presos».

CSIF afea a la administración penitenciaria catalana «el abandono de este colectivo, tan olvidado, con un trabajo tan duro y tan poco considerado. Como se explica sino la situación de compañeros que fueron agredidos en 2016 y que como consecuencia necesitaron intervención quirúrgica y posterior tiempo de rehabilitación para tratar de reducir las secuelas físicas y psicológicas. Cómo es posible que la Generalitat de Catalunya ponga en marcha toda su maquinaria jurídica para tratar de evitar el pago de las indemnizaciones que subsidiariamente deben cubrir, tal y como dos jueces dictaminaron en su día, alegando que el mal producido es un riesgo jurídico que el funcionario tiene el deber jurídico de soportar. Es una falta total de consideración, de empatía y de humanidad”.