La subida del IBI a los pisos vacíos de Palma es un imposible para esta legislatura

La subida del IBI a los pisos vacíos es misión casi imposible para esta legislatura en el Ayuntamiento de Palma. Pese al alborozo y las ganas manifestadas en rueda de prensa por el portavoz municipal, Alberto Jarabo, para poder materializar esta medida contemplada en el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda de forma inmediata, una vez que se apruebe ese marco legal, todo apunta a que el edil de Unidas Podemos (UP) tendrá que esperar y no poco.

Para empezar, esperar a que el Congreso apruebe la nueva normativa y después, a que el Ayuntamiento de Palma en pleno caos informático realice un censo de las existentes en la capital balear, una vez que quede definido el concepto de vivienda vacía y su temporalidad.

Un censo de estos inmuebles que,  tras la aprobación de la ley en fecha por determinar, tendría que estar realizado en el primer semestre del próximo año, para poder tramitar, como máximo en octubre, las pertinentes ordenanzas fiscales que autoricen su entrada en vigor a fecha 1 de enero. Una carrera de cien metros para un gobierno a cámara lenta.

Pero la medida de subir el IBI a los pisos vacíos, la habría podido poner en marcha el actual tripartito municipal de socialistas, nacionalistas de Més y Unidas Podemos (UP), si hubiera tenido voluntad política de hacerlo.

Desde 2003 ese recargo ya existe en la Ley de Haciendas Locales de hasta un 50% del recibo de la contribución (en Palma el recibo medio es de 300 euros), pero nunca se ha implantado por la dificultad de definir qué es un  inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente.

Una dificultad que ahora podría quedar zanjada con la nueva ley pero cuya materialización tampoco estará exenta de complicaciones para el Ayuntamiento de Palma. Entre otras cosas, porque podría resultar más costoso para el Consistorio crear y mantener ese padrón de viviendas vacías cada año -por los recursos humanos a destinar y la tecnología a emplear- que los ingresos que se derivarían del mismo.

A todo ello hay que sumar el coste que tendría para las arcas municipales la conflictividad con los propietarios en los tribunales, por la complejidad de la definición de vivienda vacía.

Una vez que el Gobierno de Sánchez estipule en el texto definitivo el término, los propietarios de esos bienes a penalizar buscarán las formas y maneras de poder cumplir con los requisitos para sacarlos de ese concepto, lo que abocaría al Ayuntamiento a continuos pleitos sobre el particular.

A la complejidad de todo este proceso se une también el hecho de que ese recargo en la contribución facilite que sus titulares pongan esas viviendas vacías en el mercado. Como apunta el exconcejal de Hacienda del Consistorio palmesano Julio Martínez (PP), «no creo que a los propietarios de renta alta esa subida del IBI les fuerce a ponerlas».

«Un propietario de renta alta  que no alquila sus casas paga hoy en Palma un 1,463% del valor catastral y no se ve forzado a alquilarla. Si no lo hace, es más bien por la falta de seguridad jurídica y unas limitaciones que desincentivan», sostiene el edil.