Podemos y los socios independentistas de Armengol en Baleares exigen investigar las mascarillas ‘fake’

Podemos y los socios independentistas de Mes de la presidenta del Congreso, Francina Armengol en Baleares, durante los ocho años que ha estado gobernando en las Islas, han presentado una solicitud en la Mesa del Parlament en la que exigen investigar las mascarillas fake adquiridas en por la dirigente socialista en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos.

En esa instancia firmada por los portavoces de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, Més per Menorca, Josep Castells y la única diputada de Unidas Podemos en la Cámara balear, Cristina Gómez, no cuestionan la idoneidad  de la normativa excepcional de contratación pública durante la pasada pandemia, pero reconocen que «no es posible cerrar los ojos y hacer ver que no ocurre nada, cuando llegan noticias de casos sospechosos de irregularidades y presunto desperdicio de recursos públicos».

En relación al conocido como caso Koldo indican que «es imprescindible tener conocimiento de lo que ha pasado».

Independentistas de Més y Podemos, que eran socios de Armengol en el momento de producirse la compra por 3,7 millones de euros de las mascarillas fraudulentas y participaban, por tanto, en las reuniones de los consells de Govern, vienen defendiendo que no tenían conocimiento de lo sucedido, ni se les informó de la polémica contratación.

En la solicitud presentada a la Mesa del Parlament los tres partidos indican que, en este caso, «todo apunta a un derroche millonario de caudales públicos, y a un enriquecimiento criminal por parte de los contratistas, que habrían construido una red organizada con fines espurios».

A todo ello habría que añadir el hecho de que, según los dirigentes de estos tres partidos de la oposición al Govern del PP de Marga Prohens, ha existido «una evidente falta de diligencia en la reclamación por incumplimiento contractual o cumplimiento defectuoso por parte del anterior gobierno, que habría tardado más de tres años en hacer la reclamación, a pesar de tener conocimiento de las irregularidades, por haber recibido requerimientos de la Guardia Civil, que ya había iniciado labores de investigación a instancias de la instrucción del caso por parte de la Audiencia Nacional».

Por todos estos motivos, los grupos parlamentarios Mixto-Unidas Podemos y Mes por Mallorca y Menorca, solicitan al pleno del Parlament que acuerde «la creación y constitución de una comisión de investigación sobre las contrataciones públicas de las que se haya tenido noticia de presuntas irregularidades y derroche de recursos públicos, en cualquier institución de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares durante la pandemia de la Covid».

En su exposición de motivos, estas tres formaciones reconocen que durante la pandemia de la Covid, las administraciones públicas pudieron realizar contrataciones públicas de compra de bienes y de prestación de servicios por la vía de urgencia, siguiendo la normativa ad hoc aprobada por el Estado en consideración de la concurrencia de una situación de «patente calamidad pública, y repentino desabastecimiento de multitud de productos básicos, material sanitario, equipos de protección individual, etcétera».

Aunque similares instrumentos normativos fueron aprobados en otros países para atender necesidades inaplazables, y su uso fue generalizado en toda la contratación pública durante el estado de alarma, «no es posible cerrar los ojos cuando llegan noticias de casos sospechosos de irregularidades», concluyen.

Esta semana pasada el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, calificaba como «la más grande corrupción moral», además de política y económica, entregar a la comunidad autónoma 1,5 millones de mascarillas de menor calidad de la pactada. Por ello, exigía a los socialistas que se sumaran a la creación de una comisión de investigación en el Parlament balear para conocer, por qué tardó tres años en reclamar el Govern de Armengol, la devolución de un sobrecoste de 2,6 millones de euros por las mascarillas que compró a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por presunta corrupción.