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Palma exige al banco malo la cesión de parcelas y edificios inacabados para construir vivienda pública

El Ayuntamiento reclama a la Sareb la firma de un convenio para agilizar el traspaso de bienes

La compañía de gestión de activos tiene que desprenderse de todos sus inmuebles antes de 2027

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El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Ayuntamiento de Palma ha pedido a la Sociedad del Gestión de Activos Inmobiliarios (Sareb) la firma urgente de un convenio por el que esta entidad pública cedería a Palma suelo industrial y edificios inacabados para la construcción de viviendas públicas. En concreto, todos los que no sean pisos diseminados o okupados junto a los inmuebles residenciales. En estos momentos la Sareb tiene en Palma 125 viviendas y diez obras en curso, además de 14 unidades de suelo.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, acompañado por el gerente de Urbanismo, Tomeu Abad, y el coordinador general del Govern, Ignacio Fernández, se ha reunido este miércoles con el director de Gestión de Administraciones Públicas de la Sareb, Alberto Molowny.

El motivo de la reunión, según ha confirmado Fidalgo, ha sido el de trasladar a la Sareb que «entre las prioridades de este Ayuntamiento se encuentra adquirir suelo público para poder construir viviendas. Por ello, hemos solicitado a esta entidad la firma de un convenio para la puesta a disposición de Palma de suelo residencial y edificios inacabados ahora propiedad de la Sareb».

Con el fin de acceder lo antes posible a estos activos, el Ayuntamiento de Palma ha presentado a la Sareb un listado de bienes que podrían ser incorporados mediante adquisición preferente o por cesión en usufructo. En este punto, Fidalgo ha recordado que «antes del año 2027, la Sareb tiene el mandato jurídico de desprenderse de todos los inmuebles de los que dispone, por lo que confiamos en que esta cesión sea rápida».

Además, durante la reunión, la delegación del Ayuntamiento también se ha interesado por los terrenos de la futura Ciudad de la Justicia en Son Pardo cuya construcción fue anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2022, y de la que nada más se supo.

Aquí, el teniente de alcalde de Urbanismo ha subrayado que «hemos solicitado información sobre cuándo piensa adquirir el Ministerio de Justicia estos terrenos propiedad de la Sareb. Tal y como nos han adelantado, la compra de estos terrenos podría desbloquearse en breve. La firma del convenio está paralizada desde que la misma fue anunciada el año pasado a bombo y platillo por la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el anterior alcalde, José Hila. En ocho años, el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma no hizo nada para construir viviendas públicas».

Además de estas cuestiones, el gobierno municipal ha solicitado información sobre otros espacios situados en la Avenida de México en el barrio palmesano de Nou Llevant y en la parcela catastral de Puntiró.

Óscar Fidalgo ha destacado que «para el Consistorio es urgente disponer cuanto antes de un convenio efectivo con la Sareb que nos permita ampliar el número de viviendas públicas. El representante de esta entidad se ha comprometido a enviar una respuesta a las peticiones de Palma lo antes posible, así como una propuesta de cambio de cesión o adquisición de los activos a favor del Ayuntamiento de Palma».

La Sareb, creada hace once años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, está controlada por el Estado desde 2022.

Baleares es de las comunidades con menos inmuebles de la Sareb que podrían ser puestos a disposición de los ayuntamientos.

La consellera de Vivienda del Govern, Marta Vidal, anunció en marzo pasado que tenía previsto mantener una reunión con los responsables Sareb para abordar las opciones que hay de adquirir inmuebles para destinarlos al alquiler social, comprar terrenos que se puedan destinar a la construcción de VPO o que se puedan poner a disposición de los promotores para que el Govern cede los terrenos a cambio de que éstos construyan las viviendas y luego las alquilen por su cuenta a precio tasado.

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