El Ayuntamiento de Palma crea una oficina especial para combatir la okupación de viviendas

El Ayuntamiento de Palma crea una oficina especial para combatir la okupación de viviendas. La que será la primera Oficina municipal Antiokupación abrirá sus puertas antes de finalizar el año en unas dependencias adscritas a la Concejalía de Urbanismo en la plaza Santa Fe, en pleno centro histórico de la capital balear.

No tendrá, por tanto, sede ni compartirá espacio con la actual Oficina municipal Antidesahucios, que seguirá ofreciendo sus servicios en la calle Gerreria, sino en un inmueble distinto que también albergará otras dependencias municipales aún por concretar.

Así lo aseguraron hoy desde la dirección de la Gerencia de Urbanismo que lidera el concejal del PP Oscar Fidalgo, que ya avanzó que este nuevo centro municipal para asesorar a los propietarios de viviendas afectados por esta lacra social contará con personal del Ayuntamiento y profesionales como arquitectos, ingenieros, etcétera.

El inmueble elegido está en estos momentos en la recta final de su rehabilitación para su acondicionamiento, que permitirá su apertura al público, que está previsto que concluya en un plazo máximo de un mes.

Por tanto será antes de finalizar el año cuando esta nueva Oficina Antiokupación entrará en funcionamiento, un año después de su aprobación por el pleno con los votos a favor de los 11 concejales del gobierno en minoría del PP y los seis de Vox, formación que está en la oposición pero que tiene un acuerdo programático con los populares.

Antes de proceder a su puesta en marcha la Concejalía de Urbanismo y Vivienda tendrá que definir el cometido y organización del nuevo servicio que proporcionará información y asesoramiento en relación con la prevención y actuación inmediata en caso de okupaciones en curso.

La presencia de ingenieros o de arquitectos en este servicio obedece al hecho de que el edificio o la vivienda okupada o inquiokupada llega a un nivel alto de degradación por la falta de mantenimiento o por sufrir las acciones de vandalismo de sus ocupantes.

Las acciones más habituales que padecen estas propiedades van desde la manipulación del cuadro eléctrico conectado ilegalmente sin medidas mínimas de seguridad, a la acumulación de basura, destrozos en el mobiliario y en la propia vivienda, lo que hace necesario la intervención de los técnicos del área de Urbanismo, para identificar las posibles carencias de seguridad y habitabilidad, con objeto de declarar la vivienda o edificio como inhabitable.

Respecto a este nuevo servicio, Vox viene reclamando que los futuros trabajadores sociales destinados a esa nueva oficina municipal informen al propietario de la vivienda okupada o inquiokupada sobre la condición de vulnerabilidad si el afectado así lo solicita, e incluir en estos informes el riesgo de exclusión por antecedentes penales o denuncias tramitadas.

También que la Policía Local tenga herramientas legales y efectivas para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares en casos de okupación, independientemente de que sea allanamiento, usurpación o inquiokupación.

El punto 104 del acuerdo programático suscrito a nivel autonómico entre ambos partidos recoge la creación de la citada Oficina de Defensa de Víctimas de la Okupación, con un teléfono de atención permanente para el asesoramiento y acompañamiento de todas las personas afectadas por la okupación ilegal de su propiedad, con el compromiso adicional de facilitar ayudas asistenciales y económicas.

La lacra de la okupación y de la falta de vivienda social estuvo además presente en la reunión del Consejo de Gerencia de Urbanismo de esta semana respecto al parecer inminente desalojo por el Ayuntamiento del centenar casi de personas que malviven y pernoctan en la abandonada antigua cárcel de Palma. Hay entidades de atención social, como la asociación Tardor, que estarían dispuestos a acogerlos, «pero siempre que se les facilite un local», apuntaron desde Urbanismo.

Se trata de una asociación conocida que no recibe ninguna subvención de la administración, pero la necesidad de disponer de un inmueble para la acogida de este alto número de personas hace más que complicado que esta opción pueda materializarse.