El campo

Menorca: el PP exige al Govern que pague las ayudas prometidas al campo antes de ‘vender’ la nueva PAC

Denuncia que todavía no se han pagado las ayudas a los ganaderos del Plan Provilac ni las de la sequía de 2021

Desmiente las declaraciones de la consellera Mae de la Concha sobre los beneficios para Menorca de la nueva PAC

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PP de Menorca
Las representantes del PP de Menorca Misericordia Sugrañes y Asunción Pons.

El PP de Menorca exige al Govern de Armengol, y más concretamente a la consellera de Agricultura, Mae de la Concha (Podemos), que antes de anunciar los beneficios de la nueva PAC para la isla pague las ayudas prometidas a los ganaderos mediante el Plan Provilac y las ayudas de la sequía de 2021 que todavía debe a los payeses.

Según explica Misericordia Sugrañes, presidenta del PP de Menorca, “cinco meses después ni el Govern ni el Consell han pagado lo que prometieron a los payeses de Menorca, a diferencia de las industrias transformadoras menorquinas, que han ido aumentando el precio que pagan a los payeses.

El PP de Menorca denuncia que las cifras y las afirmaciones de la consellera Mae de la Concha, relativas a que el sector agrícola-ganadero de Menorca recibirá por la PAC un 63% más por hectárea que hasta ahora no se corresponden con la realidad. Misericordia Sugrañes declara que “el Govern Armengol no puede suscitar falsas expectativas ni confundir al sector porque a partir del 2023, cuando ha de entrar en vigor la nueva Política Agraria Comunitaria, se suprimen las ayudas asociadas a la producción integradas, y porque hoy desconocemos cuántas hectáreas de las explotaciones de Menorca se verán afectadas”.

La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a reelaborar el Plan Estratégico para la nueva PAC, por lo que el Ministerio de Agricultura ha abierto un periodo de negociación para revisar el contenido y objetivos.

Por su parte, la diputada portavoz del PP en materia de Agricultura en el
Parlament, Asunción Pons, añade que “la consellera de la Concha no puede seguir repitiendo que ahora se compensa por fin la insularidad, porque los sobrecostes del hecho insular en el campo de Balears se reconocieron el 2013, cuando el Ministerio de Agricultura publicó el primer real decreto para compensarlos en los pagos directos’, gracias al informe SOS. La agricultura de Balears en peligro de extinción elaborado por el Govern del PP”.

“Balears recogerá ahora, cuando se apruebe, entre en vigor y se aplique la
nueva PAC, el trabajo realizado por el Govern del PP en la Unión Europea porque cuantificó por primera vez los sobrecostes del hecho insular con este informe”, declara Asunción Pons, que añade: “Este informe fue utilizado por Mae de la Concha cuando era diputada de Podemos en el Congreso para presentar una Proposición No de Ley en la que pidió que fueran compensados estos sobrecostes; una proposición que no obtuvo el apoyo del PSOE”.

“Y gracias a aquel trabajo, el Ministerio de Agricultura publicó el primer real decreto que reconoce el impacto del hecho insular sobre el sector primario. Por tanto, la consellera de Agricultura de Balears no puede afirmar que hoy se reconoce por primera vez el hecho insular; porque se empezó a compensar hace nueve años”.

Sobre las ayudas del Plan Provilac, la Conselleria de Agricultura dispone hasta el 30 de junio para decidir si aprueba las peticiones, pero después los pagos han de ser autorizados por Tesorería. Dice Misericordia Sugrañes que «con la demora acumulada, habrá explotaciones que no cobrarán hasta agosto, un año después de haber pedido las organizaciones profesionales y el PP el plan de choque; y otras habrán cerrado».

Asunción Pons, secretaria de Política Territorial del PP-Menorca, expone que “los payeses no quieren subvenciones, sino cobrar unos precios por sus productos para obtener unos ingresos que les permitan vivir con dignidad. Y esto es imposible en Balears por los bajos precios, los altos costes y porque producen con pérdidas. Y hay que añadir la insularidad, que no es compensada, ni por el REB ni la PAC”.

“Todo esto supone el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria,
aprobada en diciembre pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que prohíbe sobre el papel la compras a pérdidas, o sea, por debajo del coste del productor, pero después no se aplica ni se cumple por lo que seguirán cerrando explotaciones; y, desgraciadamente, explotación que cierra, ya no vuelve a abrir”, declara Asunción Pons.

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