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La izquierda en el Ayuntamiento de Palma rechaza la propuesta a favor de la libertad de prensa

PSOE, Més y Podemos no apoyan una moción de Vox en defensa del derecho a la información

El apoyo del gobierno en minoría del PP a la proposición permitirá que salga adelante en el pleno

Libertad prensa
Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau y Francisco Ducrós.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La izquierda en el Ayuntamiento de Palma rechaza la propuesta a favor de la libertad de prensa y el derecho a la información y ninguno de los tres partidos de la oposición, socialistas, independentistas de Més y Podemos, ha votado a favor de una iniciativa para defender este pilar básico de cualquier democracia.

En plena cruzada del Gobierno de Pedro Sánchez contra estos principios, los independentistas de Més y Podemos han rechazado salvaguardar el derecho a la información, tal y como recogía una propuesta presentada por Vox y que será debatida en el pleno municipal de pasado mañana jueves, mientras el Grupo Municipal Socialista, se ha abstenido.

Sólo el apoyo del gobierno en minoría del PP ha hecho posible que la moción salga adelante. Por ello, el pleno municipal de este día 30 aprobará una proposición en la que se insta al Ayuntamiento de Palma a que se comprometa de manera inequívoca con la libertad de prensa y la salvaguarda del derecho a la información e impida cualquier menoscabo en ambas cuestiones, algo a lo que se oponen los partidos de la oposición, que gobernaron los pasados ocho años en Palma.

Como recoge la propuesta, durante estos años el acoso a la prensa libre se ha ido haciendo cada vez más evidente, de forma paralela a la absoluta politización de los medios públicos, en particular RTVE, convertida de hecho en un órgano de propaganda del Gobierno.

Por otro lado, «los inusitados» cinco días de reflexión que se tomó el presidente de Gobierno a raíz de la toma en consideración de una denuncia contra Begoña Gómez, tuvieron un inesperado desenlace.

El «punto y aparte» al que se refirió Pedro Sánchez, cuando en una comparecencia sin preguntas anunció su continuidad al frente del Ejecutivo, se tradujo en «una ofensiva hacia determinados medios de comunicación y el poder judicial. A ambos — consideró— había que ponerles límites».

En esa misma semana, recoge la moción, acusó a la prensa de formar parte de una conspiración contra su persona y familia. Aseguró que «el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Que la denuncia se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida», dijo Sánchez.

Y añadió que «esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación de Feijóo y Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista […]».

Lo que ha seguido en las semanas posteriores tiene mucho que ver con la estrategia iniciada por los separatistas de señalar, desde la tribuna del Congreso a los jueces que cumplen con su deber de perseguir el delito sin injerencias políticas.

En ese caso, al libre ejercicio de la labor judicial se le ha llamado lawfare. AI de informar libremente, «máquina del fango» y a los medios de comunicación no afectos, «pseudo medios» o «digitales», dando por hecho que lo que no sea prensa escrita, no es prensa ( salvo determinadas cabeceras).

«La tentación totalitaria es común a todo poder», remarcan en Vox que advierte que «no hay nada más fácil, ni más frecuente, ni más abyecto, que esconder intenciones inquisitoriales detrás de una idea inicialmente honesta, como es procurar que la información que recibimos sea veraz y fiable».

«La cuestión», abunda la iniciativa, «es que si el poder político es el que debe determinar lo que es cierto o no, o lo que debe ser publicado o difundido y lo que no, estamos ante un ataque claro a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a la información.  El propósito está ahí».

Por ello, concluye Vox, una ley que regule a los medios de comunicación y que coarte su libertad bajo la excusa de atajar los bulos o las noticias falsas, es hoy en día en España una amenaza cierta, porque «lo que esconden las llamadas a regular a la prensa que difunde noticias que no complacen al poder, y que por eso son consideradas falsas, no es más que censura».

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