El gobierno de izquierdas de Mallorca pagó 18.000 euros por dos informes a la carta del carril VAO
El conseller de Movilidad de Podemos ignoró la opinión de los técnicos insulares a los que, en ningún momento, consultó
La mitad de los autobuses de la EMT de Palma no usan el carril bus VAO que el Consell exige eliminar
El Consell asegura que el carril bus VAO es «ilegal» y que «incumple» una norma del Ministerio de Transportes
El anterior gobierno de izquierdas de Mallorca presidido por la socialista Catalina Cladera pagó 18.000 euros a un despacho privado de ingenieros por un informe a la carta que justificara las bondades que tendría la implantación del polémico carril bus-VAO entre el aeropuerto de Palma y el centro de la capital balear. Un carril que el nuevo gobierno insular de coalición de PP y Vox quiere eliminar y que la cúpula socialista de la Dirección General de Tráfico (DGT), con Francisca Ramis al frente, se niega a tramitar.
El ya ex conseller insular de Movilidad de Podemos, Iván Sevillano, ignoró a los técnicos insulares y encargó a la empresa Desarrollo Organización y Movilidad (DOYMO) la redacción del proyecto de ejecución del carril bus-VAO de la autopista Ma-19, otorgándole dos contratos.
El primero de ellos de noviembre de 2021, para la asistencia técnica de la micro simulación del carril bus-VAO en la Ma-19, por un total de 12.611,22 euros, con un periodo de ejecución de apenas un mes.
Y una segunda asistencia técnica para el mismo proyecto, e idéntica empresa adjudicataria, con fecha 24 de febrero de 2022, por un importe de 5.955,74 euros con un plazo de ejecución también de un mes.
Unos informes a medida saltándose la opinión de los técnicos de Infraestructuras y de Movilidad sobre las nefastas consecuencias que para la movilidad, densidad de tráfico y la circulación de entrada a Palma iba a suponer la implantación de un carril por el que sólo pueden circular autobuses, taxis, motocicletas, vehículos de emergencias y coches con dos o más ocupantes.
El conseller de Podemos ignoró a sabiendas las impresiones y el posicionamiento de unos técnicos que ahora han podido emitir su opinión sobre el polémico carril de circulación habilitado el pasado mes de noviembre. Una valoración sobre su impacto en la que se destaca, en primer lugar, el incremento de la siniestralidad que ha provocado su implantación, las colas de tráfico continuadas en hora punta que provoca o el hecho de que no sea operativo para la mitad de los buses de la EMT, que no lo usan por las dificultades que tienen a la hora de incorporarse a diferentes direcciones, especialmente, en la Vía de Cintura.
Sevillano no quiso conocer este informe porque ni tan siquiera lo solicitó y en él se advierte de que vulnera la norma 3.1 de carreteras, ya que al tratarse de un carril especializado creado sobre uno ya existente, no está permitido en autopistas, sino que tienen que estar habilitados en tramos de recorridos cortos y numerosas paradas, cosa que no sucede en este caso.
La redacción de ese informe por parte de los técnicos del Consell, a los que el anterior gobierno de izquierdas ignoró, ha provocado la airada reacción de la ex presidenta socialista insular, hoy en la oposición, Catalina Cladera, que ha acusado al nuevo gobierno insular de «utilizar a los técnicos con fines políticos». Desde las filas del PP, su portavoz insular, Núria Riera, calificó de «insulto» y «desprecio» a la institución y a sus trabajadores esta acusación de Cladera.
«No nos sorprende esta actitud de Cladera, porque ya fuimos conscientes del desprecio de ella y de su grupo hacia el personal del Consell en el momento de ponerlo en funcionamiento, basándose en un informe de una empresa externa y no quisieron confiar en la profesionalidad de los técnicos de la institución insular».