El gobierno de PP y Vox en Mallorca denunciará a todos los implicados en los abusos a menores tuteladas

El nuevo gobierno de coalición de PP y Vox en el Consell de Mallorca, presidido desde este sábado 8 de julio por el popular Llorenç Galmés, denunciará y llevará a los tribunales a todos los implicados en los abusos a menores tuteladas.

Para ello, una de las primeras medidas que adoptará el nuevo Ejecutivo insular será realizar una auditoría en el Departamento de Menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). 

El objetivo no es otro que identificar y llevar ante los tribunales a todas y cada una de las personas involucradas en este escandaloso y turbio asunto, que ha marcado las dos pasadas legislaturas, ante el que el gobierno insular de la socialista Catalina Cladera no se implicó a fondo para aclarar las decenas de casos denunciados.

La medida figura entre los primeros compromisos programáticos firmados entre ambas formaciones que gobernarán en coalición desde este próximo lunes, una vez que este sábado tomaron posesión del cargo los 33 consellers del Consell de Mallorca (13 de ellos del PP y cinco de Vox, entre las dos formaciones, uno por encima de la mayoría absoluta).

El acuerdo alcanzado pone fin a ocho años de gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos y deja en manos de Vox la vicepresidencia segunda de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, así como la Conselleria de Promoción Económica y Desarrollo Local.

El anterior gobierno insular, como el autonómico de Francina Armengol, torpedeó e impidió una investigación a fondo del escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas por la institución insular, que ahora el nuevo gobierno de Mallorca impulsará hasta sus últimas consecuencias.

De hecho, otra de las medidas que han acordado es que una vez concluya esa auditoría, el Consell asumirá el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Misión europea a raíz de la visita de información realizada en España, del 11 al 13 de abril de 2022, del Parlamento Europeo, sobre casos de abuso sexual infantil en Baleares.

PP y Vox quieren modificar a fondo el fracasado servicio de protección actual, adaptándolo a la realidad y a las necesidades reales de las familias y de los menores. Entre otras medidas, se pondrá marcha un plan antifugas en coordinación con la Fiscalía de Baleares, para prevenir posibles casos en que los menores puedan ser víctimas de conductas de riesgo que los conduzcan a situaciones de total desprotección.

La intención del nuevo gobierno insular es activar nuevos mecanismos de supervisión para mejorar la eficacia de los servicios que ofrece el IMAS en la atención de menores como los centros residenciales o de atención especializada, e incluso, existe el compromiso por escrito de acelerar los procedimientos de retorno de menores a sus padres o tutores legales, en casos donde se haya demostrado una recuperación de la capacidad para ejercer la tutela parental.

Otra de las iniciativas que Galmés quiere materializar en este ámbito es la creación de un Centro de Día para atender a niños y adolescentes en situaciones de riesgo o de desprotección familiar moderada.

Esto pasaría por impulsar un programa específico para aumentar la acogida familiar como medida prioritaria de protección de los menores frente a la acogida residencial, con el añadido de que los planes de atención y acompañamiento a los jóvenes a mayores de 18 años se ampliarán hasta los 25 años, con la promesa de incrementar la formación y la contratación de ex tutelados.