El ex presidente de Puertos admite ante el juez que paralizaba los proyectos que no gustaban a Armengol

El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) Joan Gual de Torrella ha admitido que paralizaba los proyectos que no gustaban a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, pero ha negado que existieran presiones políticas para beneficiar al Club Náutico de Ibiza (CNI). Ha defendido la adjudicación porque «se ajustaba a la ley», pese a anularla los tribunales y pese a los whattsapp que el principal imputado en el denominado ‘caso Puertos’ le remitió a Armengol en el que le relata la estrategia a seguir para su concesión,  que «arreglaremos en el próximo Consejo de Administración».

Torrella ha llegado a los juzgados sobre las 09.25 horas acompañado de su abogado, Eduardo Valdivia, para declarar ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, y ha desvinculado a la presidenta socialista de cualquier irregularidad, aunque ha precisado que paraba los proyectos que no contaban con su visto bueno.

La concesión del puerto de Ibiza al Club Náutico local, que posteriormente tumbaron los tribunales, motivó uno de los mensajes que Gual de Torrella remitió a la propia Francina Armengol tras conocerse el fallo judicial en el que tras comunicarle la sentencia, la presidenta le contesta: «Joder. Mala noticia», poniendo en evidencia el contacto estrecho y permanente entre ambos políticos y desmintiendo lo afirmado por Armengol en el Parlament cuando aseguró que la única relación que mantenía con Torrella era puramente institucional.

Torrella fue detenido hace dos años por esta causa judicial que forma parte del caso Puertos, en la que el ex presidente de la APB declaró en octubre del año pasado por un presunto amaño del concurso para la gestión de amarres en Menorca.

Al salir, ha aseverado que, durante su declaración ha intentado contestar «a todas las preguntas» de la jueza y de los abogados sobre la adjudicación de una entidad sin ánimo de lucro, el Club Náutico de Ibiza.

«Los clubes náuticos son las entidades que pueden corregir esta presión de la demanda», ha indicado, para después añadir: «Aquí no ha habido controversias jurídicas».

En este sentido, se ha referido a los precios de los amarres que «están excluidos de los residentes» y ha subrayado que hay una clase media que «no podrá acceder nunca a los precios de los amarres». A su juicio «ningún concurso estaba hecho a medida» y ha defendido su adjudicación «justa por una cuestión social». «Hemos mantenido y lo mantendremos hasta que se acabe este proceso», ha afirmado.

Este interrogatorio es el segundo al que se enfrenta el ex directivo después de que en octubre declarara ante la juez por la única pieza del caso sobre la que se había levantado el secreto de sumario, un presunto amaño del concurso para la gestión de amarres en Menorca.

En octubre, en el transcurso de un interrogatorio que duró casi tres horas, Gual de Torrella negó que se beneficiase a Marina Asmen en el concurso para la gestión de amarres en Mahón. Este martes están citados además a declarar el ex director de la APB Juan Carlos Plaza y la abogada del Estado y asesora jurídica de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Dolores Ripoll.