La empresa de limpieza de Palma no readmite al sindicalista de Vox cuyo despido anuló un juez

La empresa de limpieza de Palma (Emaya) no readmite al sindicalista de Vox y presidente del sindicato USTE, José Villanueva, cuyo despido anuló recientemente un juez. Así ha quedado de manifiesto en el pleno celebrado por el Ayuntamiento de Palma, donde el gobierno municipal del PP se ha abstenido y no ha apoyado una moción de Vox exigiendo la readmisión de este empleado y de otros dos trabajadores afiliados a la misma central sindical, también despedidos en fecha similares.

El voto en contra de los partidos de la oposición, que hasta las elecciones de mayo gobernaban en Palma y ostentaban la dirección de Emaya, cuya presidencia está ahora en manos del PP, ha tumbado la propuesta de Vox. El actual presidente de la compañía, el edil del PP Llorenç Bauzá, ha anunciado que la empresa municipal recurrirá el fallo judicial en primera instancia y no readmitirá a ninguno de ellos, hasta que se resuelvan sus juicios.

Se da la circunstancia de que la anterior dirección de Emaya en manos de los socialistas y cinco sindicatos afines (UGT, CCOO, SITEMAYA, CGT y CSIF) fue condenada por acoso sindical al vulnerar de forma sistemática y consciente los derechos fundamentales de libertad sindical de las centrales USTE y USO, al excluirlas de todas las mesas de negociación colectiva.

En la defensa de su iniciativa plenaria el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, recordó al concejal del PP y presidente de Emaya, el deber de cumplir la sentencia aun no siendo esta firme. Todo ello en base al artículo 118 de la Constitución que exige su incorporación por un despido declarado nulo por haber sido vulnerados sus derechos fundamentales, lo que implica su reincorporación inmediata al puesto de trabajo que desempeñaba hasta hace un año.

Coll en su intervención destacó que el sindicato USTE es una central independiente «que no recibe apoyos ni subvenciones, no como otros que si las reciben y además están subordinados a una determinada línea política», dijo, destacando algunas de las cuestiones que denunciaron los delegados sindicales despedidos la legislatura pasada.

Entre otras, la vulneración derechos de libertad sindical; el proceso de regulación de interinos que permitió el blindaje de seis directivos de la compañía; la reclamación de una mejora del sistema de recogida trastos; la excesiva externalización de los servicios; la falta de control servicio basuras o sus demandas para una mejor gestión y trasparencia.

«En definitiva, es un sindicato independiente que ha presentado batalla a la anterior dirección y ustedes tendrían que readmitirlos», indicó Coll dirigiéndose al actual presidente de Emaya y concejal de Medio Ambiente.

El Juzgado de lo Social número cinco de Palma anuló el despido de este sindicalista de Vox y presidente de la central USTE por haber existido una «vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical tutelado en la Constitución Española».

Por ello, en primera instancia condenó a la compañía a abonarle los salarios dejados de percibir a lo largo de estos trece meses de despido, más una indemnización por la vulneración del derecho fundamental sufrida que  cuantificó en 7.500 euros. Hasta el día de hoy, trece meses después de ser despedido, el trabajador no ha percibido indemnización alguna por parte de Emaya.

El sindicalista fue despedido en noviembre del año pasado por el ex presidente socialista de la compañía y ex concejal de Medio Ambiente Ramon Perpinyá, por informar a sus afiliados del contenido de las negociaciones que estaban llevando a cabo dirección y representantes de los trabajadores, sobre las bases generales de procesos selectivos para las convocatorias de estabilización de empleo del área de calidad urbana.

Un despido que ahora ha sido declarado nulo por el juez, en una sentencia que ha sido recurrida por la actual dirección de Emaya, tal y como exigían sindicatos rivales en esta empresa municipal, caso de CCOO, central con escasa representación en la compañía, siendo USTE la mayoritaria.