El sueldo de Margalida Ramis desata una crisis sin precedentes en el grupo ecologista GOB

Ser presidente del principal grupo ecologista de Baleares, el GOB, y al mismo tiempo ser asalariado de esta organización es incompatible. Ha sido una norma no escrita que se había cumplido a rajatabla hasta ahora. Sin embargo, desde finales del pasado año la nueva presidenta del GOB es Margalida Ramis, una trabajadora con sueldo de la organización.

Este hecho ha generado una crisis interna por el hecho de que muchos socios entienden que los cargos directivos son sin sueldo y que, por tanto, no los pueden ocupar personas asalariadas.

Los estatutos del GOB detallan claramente que los directivos de la organización ejercen sus cargos de forma gratuita. Lo que no mencionan los estatutos es la incompatibilidad de ser directivo y asalariado, aunque parece que esta norma está implícita en la anterior. De hecho, durante los 40 años de historia del GOB nunca ha habido un directivo con sueldo. Además, siempre que un vocal o cualquier otro miembro de la dirección adquiría la condición de empleado, renunciaba a su cargo electo.

La situación de Margalida Ramis como presidenta de la organización ecologista y trabajadora con sueldo de la misma había causado un gran malestar, especialmente entre los socios de Menorca e Ibiza. Para atajar la crisis interna y reconducir la situación, el GOB se ha visto obligado a modificar los estatutos para especificar la incompatibilidad de ser directivo y asalariado y dejar bien claro que los miembros de la dirección ocupan el cargo de forma gratuita.

El punto que se ha añadido a los estatutos establece que podrán ser elegidos miembros directivos los socios que no mantengan relación laboral contractual remunerada. El cambio de estatutos ya ha sido aprobado por la asamblea de socios aunque no por unanimidad.

El GOB se ha convertido esta legislatura en un auténtico azote para el Govern de la popular Marga Prohens y se ha aliado con el PSOE para frenar el decreto que permite legalizar viviendas en suelo rústico. El decreto se ha diseñado para dar una solución a las más de 30.000 viviendas en suelo rústico sólo en Mallorca que no son legales pero que tampoco se pueden derribar puesto que la infracción urbanística ha prescrito.

Ahora, el PSOE de Baleares ha puesto a sus diputados en el Congreso a disposición del grupo ecologista para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto.

Fue a finales de diciembre cuando la Asamblea Extraordinaria del GOB eligió una nueva Junta Directiva formada por 14 mujeres con Margalida Ramis como presidenta. En la misma asamblea se aprobó la Memoria de Actividades y el Balance de 2023, así como el presupuesto del año 2024.

La nueva Junta Directiva instó a fortalecer la entidad y hacerlo colectivamente para «asumir los retos que se presentan por delante, con nuevas ideas y perspectivas para una organización que ha hecho historia y que quiere seguir haciendo historia.

El GOB reivindicó la candidatura unitaria, «formada por mujeres de amplia experiencia y bagaje en campos muy diferentes, con miradas múltiples e intergeneracionales».

«Desde la cooperación, el feminismo, la participación, el diálogo, la transparencia y la incidencia, poniendo en el centro el cuidado de las personas, que son quienes hacen posible y fortalecen la entidad y su capacidad de transformación ecosocial: los socios, los voluntarios y los trabajadores», destacaron desde el grupo ecologista.

La nueva directiva aspira a fortalecer y ampliar la base social del GOB y su participación en el seno de la entidad, así como sensibilizar y concienciar a la sociedad de los cambios necesarios para revertir los daños ecológicos.