El conseller balear artífice del desahucio de las familias de Ibiza: «No sé qué más hacer»

El conseller socialista de Vivienda del Govern, Josep Marí Ribas, principal artífice del desahucio de 29 familias propietarias de los apartamentos don Pepe, en la localidad ibicenca de Sant Josep, que él declaró en ruina en 2020 siendo alcalde de esta población, manifestó sentirse “raro” porque “no sé que más se puede hacer para ayudar a los vecinos”. 

Así lo aseguró el conseller socialista del Ejecutivo balear liderado por Francina Armengol, al que los afectados acusan de falta de empatía, sensibilidad y de no estar a la altura para buscar una solución política y social, a su desesperada situación, tras rechazar su alojamiento en pisos sociales del Govern. 

Ribas, una vez consumado el desalojo llevado a cabo desde las ocho de la mañana de este viernes de manera pacífica por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil,  aseguró «lamentar mucho» la situación de los residentes en estos apartamentos, e indicó que «los informes y expedientes de ruina amenazan con una situación negativa en el edificio».

Marí en un intento de eludir cualquier responsabilidad en lo ocurrido, señaló a su sucesor en la Alcaldía de Sant Josep, el también socialista Ángel Luis Guerrero, como principal causante del desalojo, apuntando a que es “una decisión absolutamente municipal».

De la misma forma,  no quiso entrar a evaluar en rueda de prensa, el informe del despacho Anima Arquitectes que contradice la declaración de ruina municipal, negando que exista riesgo de colapso y cifrando en 320.000 euros el coste de su reforma integral. 

«Aunque quisiera entrar a evaluar un informe técnico que contradice los informes municipales, no tendría capacidad para hacerlo porque, como conseller, he de estar a lo que digan los informes municipales y técnicos del ayuntamiento», dijo, a este respecto, el alto cargo socialista.

En la misma línea, Marí destacó que el Consistorio “hace lo que hace» y, aseguró, que “nadie del Ayuntamiento, ni del equipo de gobierno ni tampoco de la oposición, piensa que se hace esto porque sí, sino porque hay unos informes que lo avalan», remarcó.

Sin embargo, los vecinos acusan al Consistorio de amedrentarlos, perseguirlos y asustarlos con continuas notificaciones a lo largo de estos dos años para que abandonen sus viviendas, negándose además durante todo este tiempo a concederles autorización para realizar las obras de reforma pertinentes. 

Las únicas ayudas provisionales que recibirán los afectados, mientras los tribunales resuelven este caso, proceden del Ayuntamiento, y no del Govern balear, como reconoció el propio conseller. “El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un alojamiento alternativo y ayudas para que puedan pagar los alquileres», afirmó Ribas, sin hacer mención al hecho de que la mitad de las familias desahuciadas tendrán que seguir pagando la hipoteca del piso que abandonan y de la nueva residencia, que tendrán que alquilar. 

Su hospedaje en el hotel que les ofrece el Consistorio es por un periodo de dos meses, si bien el conseller Marí avanzó que la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, dos años después de declarar en ruina el inmueble, “está buscando otras soluciones para el tema», pero sin precisar cuáles.