El Consell de Mallorca exige la prohibición del empadronamiento domiciliario de okupas
PP y Vox cargarán en el pleno de este jueves contra la permisividad del Ejecutivo central con esta lacra
Recuerdan que en muchas ocasiones los propietarios son personas mayores en situación de vulnerabilidad
![Okupas Mallorca](https://okdiario.com/img/2024/01/27/okupppppppppp-635x358.jpg)
![Indalecio Ribelles](https://okdiario.com/img/2024/03/12/img_4236-1-1.jpg)
El gobierno de PP y Vox en Mallorca exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prohíba empadronarse a los okupas y considere nulos aquellos casos donde ya se ha materializado esta inscripción domiciliaria.
El Consell presentará para ello una doble moción en el pleno que se celebrará este jueves contra este fenómeno que está causando estragos en muchos municipios de Mallorca y, en general, de Baleares, una comunidad donde las okupaciones se han duplicado en la última década, alcanzando en 2023 un total de 407 casos mientras que en el año 2013 fueron 193.
Con casos casi diarios de okupas que asaltan desde pisos, chalés o incluso hoteles cerrados, el gobierno insular de PP y Vox apunta directamente a las políticas en materia de vivienda del Ejecutivo de Sánchez como las causantes de este problema.
En concreto, la moción del PP que será respaldada por su socio de Vox exige al Gobierno central, además de desalojar la vivienda en 24 horas, incrementar las penas para quienes okupan, promuevan o la faciliten, que la inscripción de un okupa en el padrón municipal se considere nula y que las comunidades de propietarios puedan realizar acciones preventivas contra la okupación ilegal y acudir a las autoridades.
Aunque en teoría para empadronarse es necesario justificar que se reside en dicha propiedad mediante un contrato de arrendamiento o escritura, en la práctica, los Ayuntamientos pueden aceptar otros documentos para ello como suministros de luz, agua, etcétera lo que facilita este hecho.
Para el PP liderado por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, es imprescindible ofrecer un servicio de atención a las víctimas de la okupación porque, en muchas ocasiones, los propietarios son personas mayores o que también se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y no tienen recursos para hacer frente a esta desagradable situación.
Por ello, y dado el sufrimiento que causa a los pequeños ahorradores encontrarse privados de su propio vivienda, también es necesario prestarles una atención preferente, poner a su disposición un teléfono de denuncias por okupaciones, un portal institucional con servicio de información o mediante la prestación de asesoría jurídica, la creación de un registro de viviendas ocupadas o la conexión con policías locales.
La propuesta que presenta Vox complementaria a la de su socio del PP, precisa que el Estado de Derecho debe garantizar un equilibrio justo entre la protección social y la seguridad jurídica. Todo ello para evitar que los propietarios se conviertan en las víctimas silenciosas de un sistema que perpetúa la okupación ilegal, el impago prolongado y la inquiokupación.
Por ello, el socio del PP insta al Gobierno de España a adoptar medidas más severas contra las mafias que se dedican a esta lacra, estableciendo sanciones más estrictas y procedimientos judiciales más rápidos para su desmantelamiento.
Tras condenar la actuación de aquellos partidos políticos y entidades que han contribuido a la expansión de las mafias de la okupación o inquiokupación, permitiendo que los propietarios se vean indefensos ante la invasión ilegal de sus viviendas, Vox insta al Gobierno de España a implementar programas de apoyo dirigidos a los propietarios afectados. Entre otras cuestiones incluiría el asesoramiento legal y ayudas económicas que mitiguen el impacto de estas situaciones.
Hay que tener en cuenta que la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, tenía en su programa electoral la modificación de la ley autonómica de Vivienda para que la okupación sea tipificada como infracción grave y excluya a los okupas de cualquier ayuda pública y del acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Entre otros compromisos, figuraba la redacción de un plan contra la okupación ilegal consistente en la apertura de una Oficina de Defensa de la Propiedad Privada para asesorar a los afectados por los okupas y la elaboración de un protocolo de intervención rápida entre administraciones para recuperar la vivienda okupada en 24 horas.
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