Los clubes náuticos de Baleares exigen priorizar la función social tras perder la concesión de Ibiza

Los clubes náuticos de Baleares exigen priorizar la función social y deportiva tras perder la concesión del puerto de Ibiza. La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), en representación de 12.000 familias asociadas de Baleares, ha lamentado profundamente «la pérdida de la concesión del Club Náutico de Ibiza (CNI) en favor de una empresa sin ninguna experiencia deportiva» y ha advertido de que «si no se producen urgentes cambios legislativos que contemplen la protección de los clubes náuticos y marítimos, las actividades federadas de vela y piragüismo desaparecerán de las Islas».

La ACNB recuerda que el Club Náutico de Ibiza se ha significado a lo largo de sus 99 años de historia por el fomento del deporte y las actividades náuticas. «Esta labor ha sido reconocida con la concesión de la Medalla de Oro de Ibiza y el Premio Ramón Llull, entre otros galardones de prestigio que acreditan una trayectoria ejemplar, pero de nada ha valido a la hora de renovar su concesión»

Para esta entidad, «el hecho de que una sociedad limitada a la que no se conoce la menor vinculación con la gestión deportiva pase a explotar las instalaciones de una entidad como el CNI demuestra lo alejada que está la norma reguladora de los puertos estatales de la defensa del verdadero interés general».

La decisión adoptada ayer por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, al otorgar la concesión de las instalaciones del Club Náutico Ibiza a la sociedad mercantil Puertos y Litorales Sostenibles, «representa un nuevo varapalo para la marina social en Baleares y ahonda en el proceso de gentrificación derivado de la vigente Ley de Puertos del Estado, que ignora por completo la labor deportiva de los clubes náuticos, su carácter patrimonial y su función divulgadora de la cultura de la mar y vertebradora de la sociedad», denuncia la ACNB.

La empresa Puertos y Litorales Sostenibles, S.L. resultó la adjudicataria de la gestión de los amarres para embarcaciones de esloras de hasta 15 metros en el muelle de Ribera-Poniente del puerto de Ibiza, al presentar la oferta más ventajosa al concurso público convocado por el ente portuario. El adjudicatario se compromete a invertir 1,9 millones de euros en la instalación de un dique flotante para la reducción de la agitación marina dentro de la dársena interior.

También invertirá otros 240.000 euros en diversas mejoras de calado medioambiental, que incluye la instalación de placas fotovoltaicas, la aportación de un dron acuático para la limpieza de la lámina de agua y la instalación de sensores de vertido de hidrocarburos, entre otras medidas.

Tras esta adjudicación, los clubes hacen un llamamiento a los partidos políticos para que, «más allá de hacer pronunciamientos altisonantes y plantear proposiciones no de ley que se han revelado carentes de toda efectividad», den una respuesta «inmediata» a la demanda ciudadana de «garantizar el acceso al mar de los residentes mediante la modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de manera que incluya un reconocimiento expreso y sin ambigüedades a la singularidad de los clubes náuticos».

La ACNB agradece los elogios que los representantes políticos de las Islas llevan años dedicando a la actividad que realizan los clubes náuticos de Baleares, pero asegura que «el tiempo de las palabras ha terminado».

«Es hora de actuar y de hacerlo ya. La pérdida de la concesión del Club Náutico de Ibiza, que se añade a las de los marítimos del Molinar y Mahón, debería provocar una reacción clara e inmediata de los partidos que disuada a empresas oportunistas, en muchos casos recién creadas y sin la menor implantación social, de montar negocios sobre las ruinas de los históricos clubes náuticos», concluye la nota.

Perplejidad e indignación del Club Náutico de Ibiza

El Club Náutico de Ibiza ha expresado su «perplejidad» e «indignación» por la adjudicación de sus instalaciones a la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PLS), una sociedad mercantil cuyo administrador, dicen, ha sido recientemente condenado a una pena de 11 meses de prisión por los delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsedad documental.

En un comunicado, la entidad ha considerado que el hecho de que las instalaciones de un club con casi 100 años de historia y una trayectoria deportiva y social reconocida puedan «caer en semejantes manos demuestra hasta qué punto las leyes que rigen el espacio público portuario del Estado y la contratación pública están alejadas de los principios éticos y morales más elementales y la nula voluntad política de proteger de forma efectiva la marina social y el deporte náutico en España», facilitando de este modo «maniobras especulativas como la que se consumó en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB)».