Prohens exige a Sánchez reconocer la utilidad social de los clubs náuticos para evitar su desaparición

El Govern balear del PP liderado por Marga Prohens exige al Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez que reconozca la utilidad social de los clubs náuticos para que sus actuales gestores puedan mantener las concesiones.

Para ello el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la Cámara balear una iniciativa en la que espera contar con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, en las que insta al Gobierno de España a modificar la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante.

El objetivo es que se contemplen una serie de medidas para la protección de los clubes náuticos situados en la zona de competencia directa del Estado, como el reconocimiento de su singularidad, labor social y de fomento del deporte, hechos diferenciales frente a otros concesionarios de puertos públicos.

En segundo lugar la propuesta recoge la necesidad de que Autoridad Portuaria de Baleares, fije toda una serie de recomendaciones para garantizar las prórrogas concesionales, titularidad de clubes náuticos, que acrediten vinculación con la actividad deportiva.

Como se expone en esta proposición a lo largo de los años, los clubes náuticos han ejercido una tarea fundamental en la sociedad, se trata de entidades sin ánimo de lucro, imprescindibles para nuestras islas, que fomentan fundamentalmente el deporte.

Más allá de la actividad deportiva, los 24 clubes náuticos de Baleares cuentan con más de 12.000 socios, emplean a más de 300 trabajadores y ponen en el mapa nuestra comunidad autónoma, con la organización de exitosas regatas a nivel nacional e internacional, que proporcionan ingresos por en nuestros municipios.

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, no reconoce la náutica de recreo.

En consecuencia, los puertos deportivos situados en la zona de competencia directa del Estado, consideradas instalaciones de interés general, quedan excluidos de la aplicación de esta normativa.

Aunque esta ley ha sufrido algunas modificaciones, nunca se ha corregido lo que hace referencia al sector náutico que queda totalmente desamparado.

Concretamente en Baleares, al ser esta la ley que se aplica actualmente en los puertos estatales, impide al Real Club Náutico de Palma, en el Club Náutico de Eivissa y en el Club Náutico des Portitxol en la capital balear, ver ampliadas o renovadas sus respectivas concesiones.

Por ello se ven obligados a ser gestionados actualmente a través de autorizaciones de empleo temporal, o prórrogas más breves de lo que corresponde, ya que expiraron los plazos legales de sus concesiones, un caso en el que también se encuentra inmerso el Club Marítimo de Maó.

Esto supone un perjuicio muy grande para estas entidades, que viven con la incertidumbre de saber si podrán conservar o no las instalaciones actualmente regentadas.

Estos clubes se encuentran en un momento crítico, por lo que se considera totalmente necesario promover un plan conjunto de actuación que permita poner en valor su labor social, junto con el fomento del deporte náutico, y que contemple la renovación de las concesiones para dar continuidad a esta labor y, en su caso, aprobar pliegos de bases para los concursos que promuevan su actividad. Para el Govern resulta imprescindible reconocer, afrontar y dar solución a éste problema, para evitar así su desaparición.