El catalán deja de ser un requisito para los nuevos trabajadores de la ORA del Ayuntamiento de Palma

El catalán deja de ser un requisito para los nuevos trabajadores y vigilantes de las zonas de estacionamiento de pago en superficie (ORA) del Ayuntamiento de Palma, según han acordado la dirección y los representantes sindicales del comité de empresa de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP). Un acuerdo que para su entrada en vigor tendrá que ser refrendado por el consejo de administración.

Una medida que ya aplica también desde el pasado mes de mayo el concejal de Movilidad del PP y presidente de la SMAP, Toni Deudero, en los procesos selectivos de la otra empresa pública que preside, en este caso la EMT, para la contratación de nuevos conductores.

Ahora, para los nuevos empleados municipales que se incorporen del servicio de la ORA, que pasaron en 2018 a ser trabajadores públicos tras rescatar el Ayuntamiento de Palma su gestión, el catalán será sólo un mérito más a puntuar en los concursos oposiciones que convoque la SMAP, y no un requisito imprescindible como hasta ahora.

Así lo fue durante las dos legislaturas pasadas bajo el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos que hicieron de la exigencia del catalán su principal bandera ideológica, y lo impusieron como requisito primordial para acceder a cualquier empleo público en el Ayuntamiento de Palma desde barrendero a chófer, jardineros, bomberos, policías, etcétera.

Los denominados controladores del servicio de la ORA, cuyo número asciende en estos momentos a 118 personas, son los que realizan las funciones establecidas en la ordenanza municipal reguladora de los aparcamientos, tales como el control de vehículos estacionados en la zona regulada, verificación de que el vehículo está o no en posesión de título habilitante de estacionamiento, y cuando lo tenga, si cumple el horario convenido y en la zona conveniente.

Hasta ahora, al menos en la última convocatoria realizada por la SMAP en agosto del pasado año para la contratación de nuevos controladores, a los interesados en participar en el proceso de selección se les exigía, además de estar en posesión de la titulación de, como mínimo, Educación Secundaria Obligatoria o Graduado Escolar, el certificado de nivel de catalán A2 o alguna de las titulaciones equivalentes.

Se trata del nivel básico oral y escrito de conocimiento de lengua catalana que tenían que acreditar los interesados en ser contratados para realizar estas funciones de vigilancia de las zonas de estacionamiento de pago en la vía pública.

Además, se valoraba en el apartado de méritos con 0,20 puntos cada certificado de nivel acreditativo superior al A2 de idioma catalán, o alguna de las titulaciones equivalentes de mayor nivel, al igual que sucedía con el certificado de nivel acreditativo de idioma inglés, o alguna de las titulaciones equivalentes.

Aunque el PP gobierna en minoría el Ayuntamiento de Palma, al menos sobre el papel cuenta con un acuerdo programático firmado con Vox, en el que se apuesta por que el catalán deje de ser requisito y pase a ser mérito para ser empleado o funcionario municipal.

De hecho, el pasado mes de marzo PP y Vox (suman 17 de los 29 concejales en el salón de plenos) aprobaron en el pleno una moción en este sentido para que el catalán sea considerado «un mérito, salvo en los puestos de atención directa y presencial a la ciudadanía». Sin embargo, hasta la fecha ese acuerdo no se ha cumplido salvo excepciones como en la EMT, donde ya ha dejado de ser requisito y ahora lo será en la SMAP.

Una decisión aprobada con el rechazo de la oposición en bloque de socialistas, independentistas de Més y Podemos, para los que esta decisión supone «un retroceso en la promoción de la lengua catalana, esencial para la identidad cultural de Baleares y que podría afectar negativamente la cohesión social», como apuntó un PSOE de Palma que asume como propia las tesis de formaciones y entidades secesionistas, como la Obra Cultural Balear (OCB).