El Govern balear admite que 23 altos cargos no han presentado sus declaraciones patrimoniales

El diputado del PSIB Ares Fernández ha criticado este martes que hasta 39 cargos del Govern no hayan publicado todavía sus declaraciones patrimoniales en el portal de transparencia y que, como caso paradigmático, el director general de Transparencia «no haya publicado ni una cuenta corriente». Posteriormente el Govern ha reconocido que hay altos cargos que no han presentado sus declaraciones patrimoniales pero ha reducido la cifra a 23.

«Ya nos dirán cómo le pagan el sueldo», ha añadido el socialista en una pregunta de control a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas y en referencia al caso del director general de Transparencia.

La consellera, por su parte, ha admitido que en el portal de transparencia pueden haber errores, que se subsanarán, pero ha negado cualquier intención de ocultar información. Además, ha asegurado que en dos semanas, el Ejecutivo recibirá un premio en este sentido.

El socialista, por su parte, ha lamentado que para casi 40 cargos «la ley no vaya con ellos». Fernández ha llamado la atención, además, sobre el hecho de que justo cuando se iba a presentar esta pregunta parlamentaria, la consellera Vidal haya actualizado toda su información de los últimos ocho meses.

Según el Govern son 23 los altos cargos que todavía no han presentado sus declaraciones patrimoniales y no 39, como en el pleno del Parlament ha señalado el diputado del PSIB Ares Fernández.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas han explicado, además, que del total de 23, seis todavía están dentro de los plazos legales previstos para su presentación, porque su incorporación al puesto ha sido reciente.

El departamento que dirige Antònia Estarellas ha pedido disculpas por esta situación y ha asegurado que trabaja para subsanarlo lo antes posible.

Las mismas fuentes han explicado que hay 17 casos, entre los que estaría el director general de Transparencia, que aunque no han presentado las declaraciones patrimoniales ante el Ejecutivo autonómico, sí que lo hicieron ya en otras instituciones.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el diputado socialista Marc Pons, quien ha cuestionado que «cuanto menos transparencia, más posibilidades de corrupción».

El vicepresidente y conseller, Antoni Costa, en otra de las preguntas del debate ha defendido que el Ejecutivo es «sin ninguna duda» un «buen ejemplo de aplicación de las políticas de lucha contra la corrupción».

El Parlament rechaza la enmienda a la totalidad a la Ley de Transparencia

El pleno del Parlament ha rechazado este martes, con 25 votos a favor y 34 en contra, la enmienda a la totalidad y el texto alternativo del PSIB a la ley de transparencia que impulsa el PP.

Cabe recordar que la propuesta popular contempla, entre otras medidas, la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y, en su lugar, crear un registro de actividades, renta, intereses y patrimonio en el Parlament.

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha defendido la enmienda «fruto de una reflexión interna y meditada» que parte de «la preocupación y la perplejidad de la banalización que hace el PP de los instrumentos que tienen que servir para luchar contra la corrupción».

En su primera parte de la defensa, Pons ha hecho un repaso de los casos de corrupción que han salpicado al PP en los últimos años. «Parece que el actual Govern se ha olvidado», ha indicado. El socialista ha advertido que la receta del PP es «menos transparencia, menos órganos de control, desproteger al ciudadano y tratar de manera distinta según qué expedientes abiertos».

Para Pons, no hay motivos justificados para cerrar la Oficina Anticorrupción ni para la «crítica feroz» a la que se ha sometido a su director, Tòfol Milán. El portavoz adjunto del PSIB ha advertido de la intención del PP de que las declaraciones de los altos cargos dejen de ser públicas. En este sentido, ha puesto como ejemplo los altos cargos que a día de hoy todavía no han presentado declaraciones patrimoniales.

Marc Pons ha admitido que el texto alternativo que acompaña la enmienda a la totalidad es la propia ley en vigor, que implicaba la creación de la Oficina Anticorrupción. «No hay mejor texto alternativo ante quien aspira a retroceder en la lucha contra la corrupción que el texto que creó la propia oficina, aunque el texto sea mejorable».

El diputado socialista ha tendido la mano al PP para fortalecer la actual Oficina con los cambios que consideren oportunas y ha recordado la relación entre falta de transparencia y corrupción política.

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha defendido la Oficina Anticorrupción, respuesta política a una situación de preocupación social ante la corrupción y ha criticado que esta sea de las primeras medidas impulsadas por el PP. La ecosoberanista ha calificado de «maquillaje» el nombre de la ley, que hace hincapié en la transparencia.

Ramon ha criticado que PP y Vox califiquen la Oficina de chiringuito cuando tienen previsto destinar 750.000 euros a la oficina lingüística que impulsa Vox. «Es la primera vez que se legisla en sentido contrario a mejorar en transparencia», ha concluido.

El diputado del PP Mauricio Rovira ha criticado que el PSIB, en lugar de presentar enmiendas, haya optado por volver a presentar el mismo texto y ha acusado a los socialistas de practicar el «filibusterismo». «Lo interesante será el debate de las enmiendas», no esto», ha afirmado.

Rovira ha acusado a la Oficina Anticorrupción de falta de transparencia y de actuar como instrumento del PSIB y del Govern, además, «con un coste inasumible».

El parlamentario del PP ha defendido la proposición de ley de transparencia como una medida para lograr una administración más eficiente y sostenible y que garantice la transparencia y evitando el gasto actual y las duplicidades. Rovira ha acusado al PSIB de querer retrasar la tramitación de la propuesta ‘popular’.

«Estamos en nuestro momento, por eso queremos que se debata y se vote nuestra propuesta, no la suya», ha concluido.

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha afirmado que la «oficinita» no la va a cerrar ni el Govern ni el PP ni Vox sino «el pueblo de Baleares». Rodríguez ha calificado el ente como una «oficina fake» que fue creada para tapar su corrupción y perseguir a la oposición.