El PP presenta por vía de urgencia la ley para cerrar la Oficina Anticorrupción que nunca investigó a Armengol

La izquierda balear rabia por el cierre de la Oficina Anticorrupción que nunca investigó al Govern de Francina Armengol y que creó el anterior Ejecutivo para perseguir, básicamente, a políticos del PP. Ha rabiado después de que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado con carácter de urgencia en el orden del día del próximo pleno una Proposición de Ley para la eliminación de la denominada Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Un ente público adscrito a la Cámara autonómica que aún está presidido por un alto cargo vinculado siempre a gobiernos socialistas, Cristóbal Milán Mateu.

Un organismo que se lavó las manos durante las dos pasadas legislaturas en todos los escándalos que salpicaron al anterior Ejecutivo, desde la vacunación de altos cargos, el caso Puertos, Varadero, los abusos a menores tuteladas o la noche de copas de Armengol en el Hat Bar de Palma en plena pandemia, saltándose las restricciones que ella impuso al resto de la población.

La Proposición de Ley de transparencia y control de los cargos públicos de las Islas Baleares presentada ahora por el PP, tiene como objeto regular la declaración patrimonial de los cargos públicos de Baleares, creando para ello el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio como órgano adscrito al Parlament, y que estará integrada por personal funcionario.

Estarán obligados a registrar la Declaración de Bienes Patrimoniales no sólo los políticos, del Parlament, Govern, Consells o concejales, sino los empleados de cualquier ente con participación pública en su personalidad jurídica, o que tenga como origen fondos públicos en su capital social o accionariado.

El nuevo marco legal de transparencia y control de los cargos públicos incluye en su disposición adicional primera la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, especificando que en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, liquidará los derechos y las obligaciones de este ente.

A partir de entonces, la Administración de la comunidad autónoma quedará subrogada en todos los derechos y las obligaciones de la citada Oficina, creada a finales de 2016 y que costaba un 1,3 millones a las arcas autonómicas.

La reacción de los partidos del anterior Govern a la tramitación de la liquidación de este ente no se hizo esperar.

‘Sorpresa’ en la izquierda por el cierre de su Oficina Anticorrupción

El portavoz socialista, Iago Negueruela, aseguró que se había «sorprendido mucho» de esta decisión de la Mesa del Parlament de incorporar esta Proposición de Ley en el orden del día, pese a que su supresión había sido reiteradamente anunciada por el PP a lo largo de estas semanas.

«No entendemos de ninguna manera estas prisas. Hemos preguntado al presidente por qué ha hecho un cambio de criterio, porque no hay criterio cronológico porque hay otras proposiciones registradas antes que esta, «incluso de Vox».

También el portavoz parlamentario separatista de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha hecho referencia a esta inclusión, criticando que «hace meses» que su grupo espera que se lleve a pleno su propuesta de crear una comisión para la investigación del caso Metrovacesa, «y la Mesa y el presidente» no lo hacen.

Con todo, ha lamentado, que «se decida poner por delante algunas propuestas de algunos partidos que han entrado con posterioridad». En esta línea, y preguntando al respecto, Apesteguia ha asegurado no haber obtenido una «respuesta satisfactoria del presidente».