Autorizadas tres entidades privadas para agilizar las licencias de obra ante los ayuntamientos de Mallorca

La tramitación de licencias de obras en Mallorca, un proceso donde el exceso de burocracia eterniza los plazos y colma la paciencia de los ciudadanos, se podrá agilizar gracias a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Govern que lidera la popular Marga Prohens.

Esta nueva legislación ha permitido al Departamento de Urbanismo del Consell poner en marcha un registro para autorizar esta actividad a entidades privadas de certificación urbanística (Epcus) y la institución insular ya ha autorizado a tres empresas.

Se trata de Ab-Aucatel Inspección y control SLU, Addient Empresa Certificadora SL y Ab-EIC Control Reglamentario SL, que se han inscrito en el registro para agilizar la concesión de permisos de obra ante todos los ayuntamientos de Mallorca que no tengan un registro específico.

Estas empresas se encargan de reunir toda la documentación necesaria para la tramitación, que después deberán verificar los técnicos municipales. El objetivo es que el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos y que se les pueda facilitar la obtención de licencias de construcción y desbloquear los servicios municipales de Urbanismo en los que a veces hay listas de espera de más de dos años.

El Consell de Mallorca explica que la autorización de estas entidades es una competencia municipal, ya que las licencias de obra se solicitan y tramitan ente los ayuntamientos, tanto en suelo urbano como en rústico. El Consell elabora de manera subsidiaria el registro, para que las Epcus puedan actuar y tramitar licencias ante los departamentos de urbanismo municipales de los pueblos que no hayan regulado las autorizaciones de Epcus mediante una ordenanza.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, recuerda que la implantación de las Epcus «tiene la finalidad de agilizar la tramitación de las licencias a los ciudadanos y, del mismo modo, ayudar a los servicios municipales de Urbanismo a minimizar las listas de espera en la concesión de licencias».

Asimismo, Rubio deja muy claro que la implantación de las Epcus no supondrá en ningún caso eliminar controles urbanísticos, ya que «los técnicos municipales deben informar y avalar todas las licencias que se tramiten a través de las Epcus».

Hay que recordar que el pasado 12 de marzo el PSOE llevó al Tribunal Constitucional la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Govern de Marga Prohens, en la que se ampara este registro del Consell de Mallorca, que avaló el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las formaciones de izquierda y entidades afines agrupadas en el denominado Fòrum de la Societat Civil impulsaron un recurso ante el Constitucional contra esta legislación que facilita las legalizaciones de viviendas fuera de ordenación en suelo rústico, lo que califican como «la mayor operación especulativa de los últimos años en Baleares».

Este recurso ante el Constitucional se anunció semanas después de que el Govern de Prohens consiguiera el aval del Ejecutivo central para legalizar viviendas en suelo rústico. Previamente, el Gobierno de Pedro Sánchez había amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad.