El PSOE lleva ahora al TC la ley de Prohens sobre el suelo rústico que ha avalado el Gobierno de Sánchez

El recurso ha sido impulsado por el Fòrum de la Societat Civilque agrupa a una treintena de entidades vinculadas a la izquierda

El PSOE suscribe el recurso después de que el Gobierno de Sánchez haya bendecido la legalización de viviendas en rústico

Viviendas suelo rústico
Representantes del Fòrum de la Societat Civil. (EP)
Miquel Ángel Font

El PSOE lleva ahora al Tribunal Constitucional la ley de Prohens sobre el suelo rústico que ha avalado el Gobierno de Sánchez. Las formaciones de izquierda y entidades afines agrupadas en el denominado Fòrum de la Societat Civil han impulsado un recurso ante el Constitucional contra la Ley de Simplificación Administrativa de Baleares que facilita las legalizaciones de viviendas fuera de ordenación en suelo rústico, lo que califican como «la mayor operación especulativa de los últimos años en Baleares».

Este recurso ante el Constitucional se anuncia semanas después de que el Govern de Prohens consiguiera el aval del Ejecutivo central para legalizar viviendas en suelo rústico. Previamente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad.

A principios de febrero, uno de los acuerdos de la Comisión Bilateral Estado-Baleares fue avalar las legalizaciones de vividendas en suelo rústico a cambio de una serie de contrapartidas y entre ellas, el compromiso de la comunidad autónoma de cambiar la ley de transparencia y establecer un mecanismo de control externo.

Este miércoles, en una rueda de prensa en el Estudi General Lul·lià de Palma, las entidades del Fòrum del a Societat Civil han adelantado que el recurso se presentará este jueves y que es fruto de un trabajo conjunto llevado a cabo por PSOE, MÉS Podemos y el Gob, al que se han adherido el resto de colectivos. Serán precisamente los diputados nacionales de PSOE, Sumar Més y Podemos quienes interpongan el recurso ante el alto tribunal.

El objetivo, han explicado, es dejar patente el frente amplio y común «contra las políticas desreguladoras del Govern, que representan una regresión en materia de protección territorial y ambiental sin precedentes».

El recurso parte de dos bloques de inconstitucionalidad y se refiere especialmente al proceso de legalización general de inmuebles y usos irregulares y la figura del silencio positivo que, a su juicio, favorece aún más las legalizaciones. Se pone en cuestión, igualmente, la posibilidad de que las legalizaciones puedan acabar dedicándose al alquiler turístico.

Miquel Camps, del Gob Menorca, ha calificado las legalizaciones previstas en la ley de simplificación como «la operación especulativa más grande que se ha hecho en Baleares en los últimos años». Para Camps, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es «terrible».

Jaume Garau, miembro de la Ejecutiva del Fòrum, se ha referido al «curioso» momento político, que combina una «pasión» por transformar el modelo económico y social desde la sostenibilidad, al tiempo que se pone en marcha el sistema de las legalizaciones.

«Nos venden la moto con un gran pacto por la sostenibilidad y al mismo tiempo impulsan las legalizaciones. Es una situación maquiavélica», ha señalado, rechazando el «doble mensaje» del Govern que preside Marga Prohens.

La diputada del PSOE Mercedes Garrido ha hecho hincapié en el mensaje que lanzan las entidades al PP. «Nos tienen enfrente por lo que han hecho y por lo que harán», ha afirmado. La socialista confían en que el recurso sea admitido. «Tenemos la razón moral y jurídica», ha concluido.

Por parte de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia ha reivindicado la obligación de los partidos de defender el archipiélago «de una de las mayores agresiones desde que se recuperó el autogobierno». El independentista ha rechazado igualmente la «perversión de los procesos legislativos» que protagonizó la aprobación de esta ley.

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