El Ayuntamiento de Palma promete reducir de dos años a tres meses la concesión de licencias de obra

El Ayuntamiento de Palma promete reducir de los dos años de media a tres meses la concesión de licencias de obra, una vez que el Govern balear presidido por Marga Prohens apruebe el decreto ómnibus de medidas urgentes de simplificación administrativa, con el objetivo de que el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos y que éstos puedan disponer de una Administración ágil y eficaz.

Se trata de un marco legislativo que en los ámbitos de vivienda y urbanismo facilitará la agilización de las licencias urbanísticas municipales, dando la opción, de forma voluntaria, de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU). Despachos profesionales de máxima cualificación de abogados y arquitectos podrán emitir los pertinentes informes técnicos y jurídicos y, de este modo, conseguir reducir los plazos de la concesión de estas licencias.

Esta figura ya existe en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y una vez que entre en funcionamiento, en el caso de Palma, como ha manifestado en rueda de prensa el teniente de alcalde de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo, se podrá «descongestionar muchísimo el gran colapso que existe como consecuencia de la impericia y de no tramitar en tiempo y forma en los últimos ochos años las licencias. Ahora estaremos en disposición de hacerlo lo más pronto posible».

Fidalgo puso como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, donde las licencias se están concediendo en ese plazo, una vez creada la figura de la ECU, entidades privadas debidamente habilitadas para colaborar en la realización de actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico municipal.

El edil ha matizado que «estas entidades o empresas externas realizan un primer filtro cuando se solicita una licencia, no se encargan de hacer memorias, planos ni proyectos, tan solo revisan que la documentación técnica y administrativa presentada sea la correcta y emiten un certificado de conformidad. Las ECUS, en ningún caso, sustituyen la labor de los técnicos urbanísticos municipales, sino que posibilitan que la concesión de licencias sea más ágil».

Las ECUS pueden gestionar diferentes tipos de actuaciones, como las licencias de obras mayores y menores, de uso, de actividad, de apertura y declaración responsable, entre otras.

Además, se eliminará la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulares, y se deja como base la licencia municipal de primera ocupación, dado que había una evidente duplicidad.

El futuro decreto que, por ahora, es un borrador que la Comisión de Simplificación y Racionalización Administrativas ya ha trasladado al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, actúa sobre los principales atascos burocráticos de la Administración.

Por un lado, suprime la Comisión Balear de Medio Ambiente, para que a partir de ahora los informes de impacto ambiental se pasen a evaluar desde una perspectiva estrictamente técnica y se dé el visto bueno, o no, en un tiempo razonable, y eliminar las interferencias políticas.

Así, la Comisión Balear de Medio Ambiente dejará de funcionar como un órgano colegiado y pasará a operar como un departamento técnico dependiente de la dirección general de Coordinación y Armonización Urbanística, con lo cual se adoptará el modelo de la mayoría de comunidades autónomas.

La participación de los consells insulares y de los ayuntamientos queda garantizada en el procedimiento ambiental a través de la fase de consultas a las administraciones públicas.

Por otro lado, en materia de recursos hídricos, se reducen los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la Dirección General correspondiente. En el caso del Ayuntamiento de Palma, como indicó Fidalgo en su comparecencia ante los medios, los técnicos municipales ya pueden emitir este informe, lo que reduce en más de un año la tramitación de las concesiones de licencias.

Para avanzar en la transición energética, se establece la declaración de interés general, que agilizará la tramitación de proyectos de transición energética, como puntos de recarga de vehículos eléctricos o instalaciones de almacenamiento. Esto simplificará el procedimiento administrativo y reconocerá la utilidad pública de estos proyectos.

Además, se modifica la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética, para elevar de 100kw a 500kw las instalaciones de placas fotovoltaicas que quedan exentas de la autorización administrativa previa, lo cual agilizará la implantación. De hecho, este umbral es el que marca la legislación básica estatal en esta materia. Del mismo modo, se posibilitará la vía telemática para las comunicaciones, las justificaciones y los registros de ayudas referentes a las energías renovables.