Prohens anuncia una revolución en la Administración balear para «eliminar papeleo y trámites innecesarios»

El Govern prepara un primer decreto de medidas urgentes de simplificación administrativa

La presidenta denuncia que el nuevo Govern encontró miles de expedientes sin resolver

Prohens Administración balear
Marga Prohens, en declaraciones a los medios acompañada de Antoni Costa y Maria Estarellas. (EP)
Miquel Ángel Font

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este jueves la aprobación durante el primer trimestre de este año del primer decreto de medidas urgentes de simplificación administrativa. El objetivo de Prohens es desarrollar una auténtica revolución en la Administración balear con la finalidad de reducir papeleo y trámites innecesarios.

El primer paso de la revolución administrativa se ha dado este jueves con la constitución de la Comisión de Simplificación y Racionalización Administrativa de las Administraciones Públicas de las Islas, una entidad que ya ha celebrado su primera reunión.

«Lo cuestionaremos absolutamente todo y nos preguntaremos si los trámites que se piden son los necesarios o responden al excesivo ego de cada una de las administraciones», ha declarado Prohens. Ha añadido que la Comisión tiene como primer objetivo  identificar la duplicidad de los trámites.

Miles de expedientes sin resolver en la Administración balear

La presidenta ha expuesto algunos datos que, a su juicio, justifican plenamente una profunda reforma de la Administración balear. Ha señalado que cuando el nuevo Govern tomó posesión en julio, se encontraron 13.000 expedientes de ayudas energéticas y energías renovables sin resolver, más de 4.000 expedientes en la Dirección General de Recursos Hídricos o más de 6.000 expedientes de medioambiente, «algunos de los cuales habían prescrito».

El nuevo organismo está integrado por el Govern desde todas las consellerias, todos los secretarios generales, los cuatro Consells Insulares y los ayuntamientos a través de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que, con esta Comisión, se da el primer paso «a una de las principales demandas, quejas y reivindicaciones de los ciudadanos y uno de los motivos por los que en las pasadas elecciones clamaron que se necesitaba un cambio absoluto en la manera de hacer política y de gestionar las administraciones públicas».

«Los ciudadanos se quejan de una administración alejada de ellos, con exceso de burocracia, de papel; se quejan de una administración que no se comunica y de un exceso de ego por parte de políticos de querer regularizar y legislar absolutamente todo», ha manifestado Prohens,según informa Europa Press.

En esta línea, ha compartido estas «quejas» de los ciudadanos, porque «no puede ser que la administración pública sea uno de los principales problemas que tienen los administrados, los mismos que a través de sus impuestos y bolsillos sostienen a estas administraciones».

Por todo ello, ha ensalzado la creación de la Comisión de simplificación administrativa, que por su carácter dependerá de la Vicepresidencia del Govern y en la que se han sentado «todos los niveles de la administración».

El ejemplo de la Comisión Balear de Medio Ambiente

También se ha detenido especialmente en la Comisión Balear de Medio Ambiente, afirmando que «desde todos los sectores» se les ha trasladado que «se excede en sus funciones».

Preguntada al respecto, la líder balear ha asegurado que será la Comisión de simplificación administrativa, generada este jueves, «la que definirá cómo mejorar el funcionamiento de la Comisión Balear de Medio Ambiente; uno de los primeros retos que se han puesto encima de la mesa».

Así, ha explicado que a lo largo de esta semana se creará un grupo de trabajo más reducido que irá aportando propuestas que, más tarde, se elevarán a la Comisión de simplificación.

Por último, la presidenta ha aclarado que con este nuevo órgano la intención es otorgar «más poder» a los ayuntamientos «para que resuelvan ellos muchos más trámites», a la vez que ha reconocido que «reduciendo procesos y tiempo de espera, y dando seguridad jurídica, evidentemente implicará más agilidad en construcción de nuevas viviendas».

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