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El alcalde de Palma salda el escándalo de las multas no notificadas con una sanción de 200 euros

El alcalde socialista de Palma, José Hila, conversa con una ciudadana.
El alcalde socialista de Palma, José Hila, conversa con una ciudadana.

El alcalde socialista de Palma, José Hila, cierra y salda el escándalo de las multas no notificadas de tráfico y cobradas con recargos con una sanción de apenas 200 euros a la empresa concesionaria, según el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno.

En total, el Ayuntamiento impone una sanción testimonial de 10 euros al proveedor del servicio, por cada una de las apenas 20 multas notificadas irregularmente que reconoce la tesorería municipal.

El acuerdo aprobado hoy no recoge ni contempla desembolso alguno para los cientos de afectados, que han constituido una plataforma ciudadana Stop multes sense notificació, pero sí reclama al concesionario del servicio, Correo Inteligente Postal, 2.000 euros por daños y perjuicios a las arcas municipales.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Palma reconoce irregularidades, por ejemplo, en cuatro expedientes de sanciones de tráfico respecto de los cuales se ha formulado recurso de reposición y constan firmadas por el titular en fecha de notificación que fue posterior a su certificado de defunción.

Otro caso donde se ha comprobado que la notificación de la liquidación fue practicada por uno de los notificadores investigados en procedimiento penal durante las fechas correspondientes y donde las firmas del notificado no concuerda, tratándose de un presunto incumplimiento contractual.

Pese a la gravedad de lo sucedido y de los centenares de afectados, el alcalde Hila cierra el caso con una sanción testimonial al concesionario, aprobada una semana después de que la entidad se reuniese con el portavoz municipal Alberto Jarabo (Podemos) y el concejal socialista de Movilidad, Francesc Dalmau, encuentro en el que éstos rehuyeron cualquier responsabilidad.

Y es que los citados concejales se limitaron a «animar» a los ciudadanos afectados por las notificaciones de multas a recurrir las sanciones y a quienes ya se les han embargado cantidades de dinero a que presenten un recurso ante el departamento de multas.

La citada asociación no logró el compromiso de que el gobierno municipal presidido por José Hila anulara todas las multas impuestas y no entregadas a los afectados y las volviera a enviar sin el recargo correspondiente, como exigían.

Aunque se desconoce el total de afectados, según reconocieron integrantes de este colectivo, más de un millar de personas se han puesto en contacto con la plataforma, denunciando la imposición de sanciones por multas no notificadas, en la mayor parte de los casos, por importes muy altos, al no haberlas podido abonar en su momento.

Cort ha prorrogado el contrato a la empresa

En el acuerdo, la directora financiera-tesorera del Ayuntamiento, por un lado, estima un total de nueve recursos potestativos de reposición, correspondientes a 15 expedientes de multas de tráfico, interpuestos contra la providencia de apremio de dichas sanciones, en las que las personas interesadas han alegado notificaciones fraudulentas.

En este sentido, considera conforme a los pliegos que rigen esta contratación y a la legislación aplicable antes citada, y en su caso una vez tramitado el oportuno procedimiento, la imposición de una penalidad de 10,00 euros por notificación incorrecta, con un total de 150 euros.

Y por otro lado, cuatro expedientes irregulares más, sancionados con 40 euros, y uno adicional y último detectado el 28 del pasado mes de noviembre, con una sanción de 10 euros.

En total, 200 euros de multa a la empresa concesionaria del servicio a la que, por cierto, se le ha prorrogado el contrato, como mínimo, hasta marzo.

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