El alcalde de Palma cifra en 15.000 los pisos turísticos ilegales, la mitad de los de toda Mallorca

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha estimado que en la capital balear podría haber publicitados en distintas plataformas en torno a 15.000 pisos turísticos ilegales, la mitad de todo el censo que habría en Mallorca.

Lo ha afirmado el primer edil del PP tras celebrar una reunión con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para la firma de un convenio para controlar el alquiler turístico ilegal en la ciudad, mediante la incorporación de dos inspectores a la Oficina de la Vivienda y Antiokupación municipal.

Preguntado acerca de cuántas viviendas podría haber en Palma destinadas a esta actividad de manera irregular, el alcalde ha estimado que unos 15.000 anuncios en las distintas plataformas. Al mismo tiempo, ha calculado que entre el 40% y el 50% de la oferta ilegal en Mallorca podría estar ubicada en la capital balear.

«El Ayuntamiento y el Consell han unido esfuerzos para ofrecer una respuesta más directa y eficaz para combatir la oferta turística ilegal», ha resaltado Martínez.

El acuerdo, que tendrá una validez por cuatro años, con posibilidad de prorrogarse durante otros cuatro más, fijará un plan de inspecciones que se revisará cada dos semanas y a partir de la semana próxima se pondrá en marcha un plan de inspecciones conjuntas.

Martínez ha indicado que permitirá coordinar la actividad de ambas administraciones, con las que se podrá sancionar las infracciones de estos inmuebles en materia turística, urbanística y de la Ordenanza Cívica municipal.

En la misma línea se ha expresado el presidente insular, quien ha remarcado el compromiso de ambas instituciones para «erradicar el intrusismo y la competencia desleal» dentro del sector turístico.

«Con este convenio se unen esfuerzos para dar una respuesta eficaz contra el intrusismo y la oferta ilegal, para fomentar la convivencia entre residentes y turistas, ya que es una parte más de la estrategia del Consell para proteger el modelo turístico de Mallorca y salvaguardar los intereses de los residentes y del sector regulado», ha señalado Galmés.

En esta línea, la función de estos inspectores será la de compartir información específica con el Ayuntamiento sobre las problemáticas detectadas, realizar inspecciones y recoger las denuncias que puedan producirse.

Galmés ha alegado que el Consell está «decidido a ser más eficaz» en la detección y sanción de las prácticas ilegales, que «no solo dañan a la imagen de Mallorca, sino que también generan problemas de convivencia en los municipios».

El alcalde ha resaltado que esta es la primera vez que en una oficina municipal se habilita un servicio de inspección y denuncia directa de la oferta turística ilegal. En paralelo, ambas instituciones intensificarán las actuaciones conjuntas para abordar la lucha contra el alquiler turístico ilegal a partir de una planificación de inspecciones, en las que participarán los inspectores asignados a la oficina y el resto de inspectores del Consell.

Todo ello, contará con la colaboración con el área de Urbanismo del Ayuntamiento y la Policía Local de Palma, que también actuará contra los excesos asociados al turismo incívico. Estas actuaciones contarán además con el apoyo de inspectores de Sanidad y Comercio del Govern.

Una tercera línea de actuación se centrará en los albergues juveniles que se publiciten y operen ilegalmente como albergues turísticos.

Campaña de comunicación

En paralelo, se pondrá en marcha una campaña de comunicación conjunta entre ambas administraciones con el objetivo de concienciar tanto a residentes como a visitantes.

«Se trata de cooperación, coordinación y voluntad política entre dos administraciones para encarar con determinación un problema que no se abordó en las dos legislaturas anteriores», ha finalizado el alcalde.

La convocatoria informativa ha contado también con la presencia del regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez y la directora general insular de Oferta y Calidad, Clara del Moral.

Rodríguez ha incidido en que en el servicio de inspección han detectado que hay comportamientos de los propietarios de estas viviendas turísticas ilegales que «cambian» y, pese a que ya no se anuncien en plataformas, se podrían comercializar en los países de origen o en otros lugares como Instagram o Tiktok.

Cabe recordar que las sanciones por la infracción en materia turística se mueven en una horquilla de entre 50.000 y 500.000 euros, más la cuantía que se contemple por incumplir la normativa urbanística o de orden público.