Vox insta a Moreno a informar sobre los ilegales que usan la sanidad pública andaluza para expulsarles

Javier Cortés, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha vuelto a insistir este miércoles en la problemática que supone la inmigración ilegal. En este sentido, ha instado a la Junta de Juanma Moreno a informar al Ministerio de Interior de los extranjeros sin papeles que utilicen la sanidad pública andaluza para que, de este modo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska proceda a abrir un expediente de expulsión.

«La Junta de Andalucía no tiene competencias sobre la inmigración ilegal. Cada inmigrante ilegal que vaya a la sanidad andaluza, pues eso datos tienen que ser puestos a disposición del Ministerio de Interior para que proceda a los expedientes de expulsión. Lo que pasa es lo que hay que querer», ha argumentado el portavoz de Vox.

Que el PSOE devuelva lo robado

Vox exige a Moreno Bonilla que aplique todos los mecanismos de “presión mediática y legal” para recuperar los 680 millones robados con los ERE: “Es el momento de actuar”. El portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, ha asegurado que “nos congratulamos” de la orden de ingreso en prisión de Griñán, pues “la Justicia ha actuado como se presupone en un estado de derecho, de manera independiente”, mientras pide a Moreno Bonilla que “se moje” y diga si va a exigir al PSOE la devolución del dinero robado o “va a tirar de su repertorio de excusas para no hacerlo”.

Cortés ha reclamado en rueda de prensa al PSOE de Andalucía y a su secretario general, Juan Espadas, «devolver el dinero», los 680 millones de las partidas del Presupuesto de la Junta destinados a las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, hecho que ha presentado como «una cuestión moral», al tiempo que ha precisado que ese reintegro «no sea dinero de su bolsillo» y abogar entonces por una fórmula que se centre en el patrimonio de este partido para que «hipotequen sus sedes, las vendan» y «renuncien a las subvenciones» que les correspondan, mientras que ha indicado que Vox «estamos estudiando posibles iniciativas» parlamentarias sobre la recuperación del dinero.

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía ha precisado sobre un posible beneficio penal por la modificación del delito de malversación en caso de que no haya habido enriquecimiento personal para los exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la pieza del procedimiento de concesión de las ayudas de los ERE que «no son hechos investigados» admitiendo que «no tenemos ninguna prueba de que no se hayan enriquecido» para precisar seguidamente que «tampoco la justicia lo ha investigado» y considerar que «es el típico caso donde uno piensa mal y acierta».

Cortés ha considerado, sobre el hecho de que sean partidos catalanes los que impulsan la reforma de la malversación con el matiz de que no hubiera lucro personal, que «se trata de dinero público de todos los españoles» de manera que tiene que haber «una actuación escrupulosa en el uso de los mismos» tras argumentar que en el caso de los ERE se dilucida el uso de «una ingeniería legal para evitar el control del presupuesto público», al margen de que la aspiración de «los golpistas catalanes es que puedan seguir chantajeando».

Vox ha sostenido que «multiplicaríamos por cinco la cuantía del caso de los ERE» si a esos 680 millones de las partidas presupuestarias para las ayudas se sumarán «el caso Faffe, Isofotón, UGT, Jeremie, Invercaria, o Altadis».

Cortés ha planteado que con 680 millones se podrían haber construido tres hospitales, 150 colegios o institutos, ayudar a unas 28.000 mujeres embarazadas sin recursos con 400 euros mensuales o ayudar a 60.000 andaluces con 15 euros al día durante dos años para «paliar las colas del hambre».

Con el referente de que «los golpistas catalanes están consiguiendo sus objetivos de la reforma de los delitos de sedición y malversación y poder presentar a los condenados a las elecciones catalanes», el portavoz adjunto de Vox ha afirmado que estos episodios «confirman la teoría de Vox sobre el Estado autonómico, que fue bienintencionado pero ha sido fallido», al tiempo que lo ha considerado «políticamente ingobernable y financieramente insostenible».

«Es hora de una consulta a los españoles sobre la ilegalización de los partidos golpistas», ha sostenido Javier Cortés, quien ha advertido de que su pretensión es «socavar los cimientos de España» y ha apuntado como diagnóstico que «es un problema que no se va a solucionar jamás cediendo más competencias» a los partidos nacionalistas, que «buscan la ruptura de España y no van a parar», para remarcar la petición de consultar a los españoles «sobre si en cada negociación de los Presupuestos del Estado el Gobierno es chantajeado».